En el marco del amparo presentado para garantizar las condiciones de seguridad edilicia y la prestación de los servicios en el Hospital Tobar García, la jueza en lo Contencioso y Administrativo, Elena Liberatori, dispuso que los flamantes ministros porteños de Salud, Jorge Lemus, y el de Hacienda, Néstor Grindetti, comparezcan a una audiencia para que brinden explicaciones sobre infraestructura edilicia, recursos humanos, y auditoría de historias clínicas del neuropsiquiátrico infanto juvenil. La misma se realizará el próximo martes 18 de diciembre, a las 12, y también participarán los accionantes (la asociación de profesionales del Tobar García) y el asesor tutelar Gustavo Moreno. La citación fue realizada por la magistrada como medida de mejor proveer antes de dictar la cautelar del caso, aunque no se descarta que las partes involucradas lleguen a un acuerdo para encauzar la solución del tema.
Barbarosch hizo su descargo ante el Consejo
El juez de la Cámara del Crimen, Alfredo Barbarosh, se presentó este jueves en el Consejo de la Magistratura e hizo su descargo luego de que el cuerpo lo citara a declarar a partir de una denuncia de sus colegas por “conductas anormales”. Ante los consejeros Fernández, Conti, Cabral y Montaña, el magistrado sostuvo que sus colegas “han transitado un camino de mentiras y falsedades” y remarcó que “este es un tema de gravedad institucional”. Mientras que agregó que “el funcionamiento de la Cámara del Crimen es desprolijo y tiene una administración de justicia incorrecta”. Barbarosch fue acusado por 14 integrantes del tribunal de alzada que integra y uno de los hechos que se le atribuye es haberse enfrentado a golpes de puño con el camarista Luis Ameghino Escobar. “Barbarosch ha tenido actitudes cuestionables que han sido toleradas por educación y decoro, tal como lo acontecido con motivo de la integración de las salas del cuerpo en 2003 donde, con otra composición, ninguno de sus miembros deseaba conformar sala con él", dijeron los jueces en la presentación que hicieron ante el Consejo. Por su parte, el magistrado cuestionado insinuó que sus colegas funcionan como una corporación y dijo: “actúan como una sociedad de socorros mutuos”.
Imparcial e independiente
La defensa del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, recusó a los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, que ahora debe expedirse en un planteo de nulidad en la causa en que se investigan los episodios de violencia registrados en la jornada que culminó, en diciembre de 2001, con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. La acusación se basó en un "fundado temor de parcialidad" del tribunal, ante los reiterados reclamos de los camaristas para que se eleve a juicio oral el tramo de la investigación, en la que se encuentran procesados el ex jefe de policía y el ex secretario de seguridad interior, Enrique Mathov, entre otros. El abogado Pablo Jacoby, intenta mediante esta medida, que no sea la misma Sala la que se expida sobre el planteo de nulidad que se efectuó contra la elevación a juicio oral de su defendido.
Pichetto afilado
El Bloque de Senadores justicialistas salió a repudiar, a través de una gacetilla de prensa enviada este jueves, la denuncia del FBI repecto a que los dólares que intentó ingresar en agosto el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, habrían estado destinados a financiar la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el presidente del bloque, Miguel Pichetto, se trata de una “operación que busca desprestigiar al gobierno argentino”. A su vez, enfatizó que el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires debía tener responsabilidad en el asunto. Estas declaraciones son realizadas una semana después de emitir duras críticas contra el fallo “Badaro” del Máximo Tribunal de la Justicia, en clara defensa de la postura del oficialismo a cargo del Poder Ejecutivo.
Bolivia: 30 años de cárcel para militares por homicidios a civiles
La Justicia boliviana condenó a 30 años de prisión a los ex militares Franz Pizarro Solano, Felipe Froilán Molina y José Luis Ormachea, por estar vinculados al ataque de una sede sindical en julio de 1980. Durante el hecho fallecieron tres dirigentes de la oposición, de los cuales uno continúa desaparecido. El juez Angel Arias dio a conocer su fallo casi 30 años después de la matanza, cuando grupos paramilitares que respondían al dictador Luis García Meza, agredieron a los tiros a un grupo de líderes opositores en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).