Así como se sostuvo respecto al Consejo de la Magistratura Nacional, el de la Provincia también “es un intento de ir hacia la transparencia, y significa un avance en todos sus aspectos”, explicó Hugo Serafino, titular del Colegio de Abogados de Santa Fe a DiarioJudicial.com. Agregó además que “lo que se busca es lograr un mayor equilibrio entre los sectores involucrados, para lo que es fundamental la inclusión –entre otros actores- de la esfera académica”.
El organismo, que comenzará a funcionar el 1º de febrero, será el responsable de elegir las ternas para cubrir las vacantes de: las cámaras de apelación, jueces de primera instancia, tribunales colegiados de instancia única y demás tribunales, y jueces establecidos por ley. En cambio no será su labor proponer candidatos para el Tribunal Superior ni para el cargo de Procurador General.
Por otro lado, “a partir de ahora las ternas que van a salir del Consejo de la Magistratura serán vinculantes. Esto significa que el Consejo no será sólo un asesor sino quien aportará las listas obligatorias de candidatos”, explicó el secretario de Justicia de la Provincia, Roberto Vicente. El nuevo Consejo estará integrado por el secretario de Justicia que ocupará el cargo de presidente y el director provincial del Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales que será el secretario.
A su vez tendrá un cuerpo colegiado de evaluación técnica que tendrá a su cargo la calificación de los antecedentes y la prueba de oposición. Para cada concurso, se conformará con tres miembros titulares y tres suplentes.
Finalmente contará con un cuerpo colegiado entrevistador que estará constituido por el presidente del Consejo, dos miembros titulares y sus suplentes. Estos últimos serán designados de la siguiente manera: un miembro titular y uno suplente por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y un miembro titular y uno suplente por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral.
Frente a ese mecanismo, el titular del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, manifestó a Diariojudicial.com: “no comprendemos el motivo de la prescindencia de otras facultades” y agregó “las dos instituciones educativas privadas excluidas tienen la misma aptitud técnica que las estatales, que contarán con una participación excesiva”.
El nuevo órgano dispondrá de dos comisiones. Una de ellas estará integrada por un representante del Colegio de Abogados, otro del Colegio de la Magistratura y un tercero de la Universidad Nacional, y su rol será evaluar los aspectos técnicos, otorgando puntaje a los candidatos a ocupar vacantes en el sistema judicial.
La otra comisión, en cambio, valorará el “perfil democrático”, sin asignar calificaciones, pero sí con la capacidad de elevar o disminuir la posición de un profesional en la lista.
Las convocatorias se llevarán a cabo luego del anuncio de la vacante a cubrir hecha por el Ejecutivo. Allí el presidente del Consejo realizará los sorteos públicos y llamará a inscripción, en un plazo menor a 10 días, lo que será publicado durante tres días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de amplia difusión en la circunscripción de la terna.
Para la etapa de la entrevista oral y pública, está contemplada la participación de los ciudadanos, que podrán remitir preguntas al cuerpo colegiado entrevistador para que se le formulen a todos los postulantes, bajo las modalidades que el presidente o la reglamentación que se dicte, disponga.
El artículo 30 del decreto invita a colaborar con el nuevo Consejo, a los Colegios de Abogados de cada una de las circunscripciones de la provincia de Santa Fe, el Colegio de Magistrados de la Provincia, la Facultad de Derecho de las Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral.
En tal sentido, Araujo destacó que el aporte de los Colegios de Abogados es imprescindible, en tanto “cuentan con una vivencia concreta y específica”, por lo que “no debería quitársele la cobertura para opinar sobre los candidatos del propio medio”.
Aseguró además que a pesar de opinar que su creación es un avance hacia la transparencia, tiene observaciones para objetarle. Entre ellas “cuestionamos que los Colegios no participen del órgano de entrevistas y calificación final, donde sólo el presidente y las facultades tendrán poder”.
Araujo se mostró conforme con la mayoría de las disposiciones que incluso fueron celebradas por varios sectores del ámbito judicial. Sin embargo aprovechó la consulta de Diariojudicial.com para remarcar su crítica al Gobernador de la Provincia que dejó unas 15 o 20 recomendaciones del anterior Consejo sin efecto, omitiendo dar a conocer los motivos de la decisión. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Héctor Superti, anunció que las ternas para estas vacantes se resolverán a partir del 1º de febrero bajo el nuevo mecanismo, que ahora es vinculante para el Ejecutivo provincial.