El juez platense Luis Arias intimó el lunes al gobernador bonaerense Daniel Scioli y al intendente de Ensenada Mario Secco a que cumplan en el término de 10 horas con la medida cautelar que el pasado 24 de enero ordenó la reubicación de 50 familias desalojadas de un barrio Fonavi. Sin embargo, el plazo transcurrió sin respuesta favorable y hoy, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) pidió que se denuncie penalmente a las autoridades.
En la resolución firmada ayer, el titular del juzgado en lo Contencioso y Administrativo 1º de La Plata intimó a las funcionarios del Ejecutivo provincial y municipal a cumplir con la orden judicial bajo apercibimiento de llevar el caso a sede penal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia y abandono de persona. Y es por ello que el CIAJ, que representa a los desalojados, hizo la presentación pidiendo que se cumpla con la advertencia, que también incluía la aplicación de astreintes.
“Solicitamos oficie a la justicia penal de este Depto Judicial, por los delitos que prima facie se han configurado en la presente, conductas ilícitas que deben ser reprochadas en las personas del Municipio de Ensenada de Mario Secco (Intendente de Ensenada), Daniel Blassetti (Intendente Interino de Ensenada), Susana Gonzales (Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Ensenada), Daniel Scioli (Gobernador de la Pcia) y otros funcionarios que directa o indirectamente han tenido participación en dicho incumplimiento doloso”, expresa el escrito presentado este martes por el CIAJ.
Además, se pide que el abandono de persona sea encuadrado en el segundo párrafo del artículo 106 del Código Penal (calificado). Los actores sostienen que debe considerarse agravada la conducta disvaliosa” de los que omitieron garantizar los derechos mínimos constitucionalmente reconocidos en un Estado de Derecho, “poniendo en grave riesgo la salud de 50 familias”.
En la medida cautelar, el juez Arias había pedido a los funcionarios garantizarle a las familias desalojadas viviendas dignas que cuenten con “condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente”. Ello fue en respuesta al amparo presentado por el CIAJ en el que se solicitó que se garantice el derecho a la vivienda digna y que las mismas se encuentren cercanas a las viviendas desalojadas para no afectar el derecho al trabajo y a la educación de las familias.
El desalojo se produjo durante la madrugada del 24 de enero por medio de fuerzas policiales. La orden fue dictada por la jueza Marcela Garmendia, luego de que el intendente interino de Ensenada, Luis Blassetti denunciara penalmente por usurpación a las 50 familias que habitaban un barrio Fonavi de dicha localidad.
Tras la intimación de ayer, el intendente Secco salió al cruce de resolución de Arias y sostuvo que los desalojados son enviados por organizaciones políticas. “No le podemos sacar la casa a gente que hizo un proceso durante estos tres años, se inscribieron, esperaron, porque ahora vienen algunos de la UOCRA y militantes del PJ” que quieren quedarse con las casas, dijo Secco en declaraciones a Radio Provincia.
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