La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires rechazó la recusación que había presentado el Gobierno porteño contra la jueza Elena Liberatori por su desempeño en las causas que ordenó la reincorporación de los 2.300 empleados cesanteados y rechazó la intervención de la obra social de los municipales (ObSBA). Los camaristas que integran la sala de feria declararon abstracta la recusación ya que el turno de la jueza terminó. El juez de turno, hasta el jueves en que termina la feria, es Juan Cataldo. De todas maneras los ceramistas entendieron que las referencias periodísticas presentadas por el procurador porteño, Pablo Tonelli, para apoyar el pedido de recusación, no resultaron suficientes para justificarla. Explicaron que una recusación es un instituto de interpretación restrictiva y su aceptación es “excepcional”.
Una misión internacional integrada por argentinos investiga los derechos humanos de los mapuches en Chile
Una comisión de juristas argentinos y chilenos investiga en el país trasandino la situación de violación a los derechos humanos que vive el pueblo mapuche. La comisión comenzó a trabajar este domingo y su función se extenderá hasta el próximo jueves. A la largo de esta semana recogerá información sobre derechos del pueblo mapuche, el acceso a soluciones institucionales y jurisdiccionales, la violencia policial; también se reunirá con dirigentes de esa comunidad, con autoridades chilenas y visitará a los presos mapuches a los que se les aplicó la ley antiterrorista. Se trata de una comisión integrada por representantes argentinos y chilenos de la Asociación Americana de Juristas (AAJ). Por nuestro país viajaron el presidente de la Rama Argentina de la AAJ, Ernesto Moreau, y Claudia Rocca.
En Europa, la Justicia rechazó una demanda por la música que se baja de Internet
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un fallo que sienta precedente, rechazó una demanda presentada por la Asociación de productores y editores de música de España (Promusicae) contra Telefónica, en la que pretendía que se le den a conocer los datos de los usuarios que bajan música Internet. “El derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil", sostuvo el tribunal de la UE, al resolver una causa proveniente de la Justicia española. Promusicae le había le pedido a Telefónica los datos de los usuarios de Internet que habían descargado música a través del programa Kazaa, a los que había identificado a través de las denominadas direcciones IP. Con esa información, los actores pretendían realizar denuncias civiles contra todos esos usuarios, pero Telefónica se negó a dar los datos aduciendo que sólo estaba autorizada a entregarlos en el marco de una investigación penal o por cuestiones de seguridad pública y de la defensa nacional.
Clausura irregular
En el Barrio de San Cristóbal, tres inspectores del gobierno de la Ciudad, junto a siete policías federales, clausuraron un bar gay pese su dueño dice tener todos los papeles en regla. Los oficiales manifestaron tener orden de allanamiento otorgada “vía telefónica" por la fiscal de turno Martínez. El dueño del lugar frente a esta situación, decidió llamar a la fiscalía donde comprobó que de turno estaba el fiscal Andrade, lo que originó un fuerte rechazo por parte de los propietarios de que los agentes ingresen al establecimiento. La habilitación definitiva del local habría sido aprobada en el 2006, luego de que en febrero de ese año fuera clausurado por supuestos "ruidos molestos". El dueño manifestó que "amenazaban con tomar nombre y DNI de las personas presentes”. Representantes de la comunidad gay, manifestaron su intención de presentar una denuncia ante la Justicia federal "por tratar de ingresar a un lugar privado sin una orden de una fiscal competente".
Condenado
La Justicia norteamericana condenó a 60 años de cárcel a un jefe guerrillero de las FARC. Ricardo Palmera de 57 años, apodado Simón Trinidad, fue procesado por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses hace cinco años. El juez consideró que la toma de estos rehenes fue “un acto de terrorismo”, delito penado en ese país con cadena perpetua, aunque no la impuso por exigencia de Colombia, donde esa pena no existe. La corte federal de Washington tuvo que efectuar dos juicios contra Trinidad, después de verse obligada a anular el primero por falta de acuerdo entre los jurados a la hora de determinar su culpabilidad. Ahora la defensa tiene la posibilidad de apelar la sentencia para intentar rebajarla, aunque su culpabilidad ya no puede ser cuestionada. El imputado tiene una segunda causa abierta en Washington por narcotráfico. Con este fallo, se complican los planes de lograr un canje por los rehenes.