Argentina presentó su réplica a través de la Cancillería. La vocera de prensa de ese organismo, Florencia Colombo, señaló la importancia de “seguir profundizando la presentación”. El 29 de julio, será el turno de Uruguay de presentar su dúplica.
El grupo de la Cancillería, encabezado por la embajadora Susana Ruiz Cerutti, acompañada del embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi, entregó a la Corte un volumen de 500 páginas y dos volúmenes anexos, que incluyen la documentación jurídico-diplomática y la científico-técnica que elaboró la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La réplica de la Argentina tomó como punto de partida la demanda presentada por nuestro país a la Corte el 4 de mayo de 2006, que responde a los argumentos alegados por Uruguay en la “contramemoria” presentada en julio pasado, y reitera en forma actualizada el petitorio contenido en la “memoria” entregada el 15 de enero de 2007 ante el Tribunal Internacional.
Adicionalmente, nuestro país reserva su posición de complementar su réplica para abordar sucesos producidos en las instancias finales de su elaboración, o con posterioridad.
En el escrito, Argentina ratifica su postura sobre lo que considera una violación al estatuto, y agrega información según la cual Uruguay habría vuelto a transgredirlo. También se acompañan una gran cantidad de pruebas que avalarían los efectos y daños secundarios que Botnia provoca al ecosistema del río Uruguay, incluidos sus habitantes.
A su vez, hace alusión a los distintos incumplimientos al tratado por parte de Uruguay, como autorizar los proyectos de Botnia y la aprobación “unilateral” para la construcción de terminal portuaria de carga Ontur en la localidad de Nueva Palmira. Además señala la extracción por la empresa Botnia de volúmenes importantes de agua del Río Uruguay, a los fines de la operación de la planta proyectada por esa empresa.
La Cancillería manifestó que en todos estos casos, Uruguay incumplió el mecanismo común necesario para asegurar la utilización óptima y racional de ese recurso natural. Adicionalmente, argumentaron que ese Estado no cumplió con el mecanismo de información y consulta previa que los dos países deben respetar “sobre toda obra que proyecten de entidad suficiente para afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río en tanto recurso compartido”.
Paralelamente, se señaló los efectos que la planta provoca en el medio ambiente, considerando el gran tamaño de este proyecto, en el que se prevé la producción de un millón de toneladas anuales, hecho que no reconoce antecedentes en el mundo.
Argentina habría incluido además una queja por la acción unilateral de Uruguay de otorgarle la autorización a la puesta en marcha de la planta Orion de Botnia en noviembre último.
Con la presentación de la réplica y la dúplica quedaría concluida la primera etapa del proceso judicial, y se ingresará en la fase oral con la fijación de la audiencia probatoria, que puede durar hasta dos semanas si el Tribunal resuelve que necesita otras pruebas in situ, inspecciones u otras opiniones expertas de representantes de organismos internacionales, además de las brindadas por las partes.
Dentro de ese plazo, se realizarán audiencias orales en las que los representantes, abogados y expertos de ambos países expondrán los argumentos presentados en los respectivos escritos, agregando las precisiones o actualizaciones que consideren convenientes y, si fuera el caso, responderán a las preguntas que eventualmente planteen los jueces del Tribunal.
Antes de que finalice el 2008, se prevé que la Corte Internacional dicte una resolución que resuelva el fondo del asunto, determinado si la pastera Botnia genera un daño actual o potencial en el medio ambiente que repercutiría en el Río Uruguay.
Los países en conflicto, tienen la “obligación moral” de acatar la sentencia. No suele ocurrir que un estado no cumpla por lo impuesto por el Tribunal, considerando que éstos, eligen voluntariamente formar parte de las Naciones Unidas y someterse así a sus órganos.
Por lo que, luego de que hayan fracaso las negociaciones y que el rey de España no haya podido lograr un acercamiento entre las partes como “facilitador”, será la Corte Internacional de La Haya la que tenga la última palabra en el asunto.