En el solemne evento, además de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi , Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, y Carmen Argibay, asistieron autoridades tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, dirigentes gremiales y una delegación de la asociación de madres de plaza de mayo.
Entre los funcionarios más destacados, estuvo presente el procurador General de la Nación, Esteban Rigui, el procurador del tesoro, Osvaldo Guglielmino, la defensora general, Stella Maris Martinez y el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.
Asimismo, asistieron el presidente del Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Auditor General de la Nación, y el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Tampoco faltaron los miembros del Consejo de la Magistratura, el presidente de la cámara de Casación Penal, presidentes de las cámaras federales y nacionales en lo Civil, en lo Contencioso Administrativo federal, en lo Criminal y Correccional federal, en lo Penal Económico, en lo Criminal y Correccional, del Trabajo, de la Seguridad Social e integrantes del poder judicial de varias provincias.
Por último participaron los jueces federales y naciones de primera instancia, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los secretarios de la Corte, el presidente y vicepresidente del Colegio Público de Abogados, entre otros.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue quien estuvo a cargo del evento, mencionando como eje central el “afianzamiento de la justicia” desde múltiples aspectos.
En su discurso mencionó la importancia de recuperar la tradición de un acto formal y público pero que no sea “vacío de contenido”, sino que busque fortalecer la justicia, símbolo plasmado en los documentos fundacionales del país.
En tal sentido, explicó que se refería a “consolidar un poder judicial fuerte, autónomo, independiente, capaz de defender los derechos y garantías de todos los ciudadanos, pudiendo cumplir un rol fundamental en la construcción de un estado de derecho”.
Continuó detallando que los interesados en que tal cuestión suceda son muchos: “victimas de delitos de lesa humanidad, a quienes han perdido sus ahorros, a los trabajadores, a los jubilados, a los excluidos, a los discriminados, a quienes sufren de violencia domestica, a los que ven privados sus derechos, a los empresarios, y en definitiva, a toda al sociedad”.
También afirmó que les concierne a los jueces, a los abogados, a los funcionarios y empleados del poder judicial, y a aquellos que aman el derecho y quieren que una justicia fortalecida sea una realidad.
Lorenzetti sostuvo que “no ha sido una tarea fácil en los últimos años intentar lograr este objetivo porque se requiere de muchas cuestiones, como que haya los suficientes jueces o que la legislación sea aplicada. Se necesita por lo tanto, una actividad conjunta de distintos poderes del estado.”
Manifestó que hacen falta políticas de estado para lograr resultados efectivos que puedan ser vistos por la población. Para lograrlo destacó las conferencias de jueces y los espacios de diálogo con otros organismos que se abrieron, donde se lograron poner de acuerdo en algunos aspectos fundamentales para el cambio.
“Nuestro espíritu es amplio porque creemos que todos debemos colaborar en un mismo sentido. La ley tiene que ser igual para todos, para que el pueblo pueda percibir con claridad como se aplica la misma y como se resuelve un caso”, asintió el presidente del Máximo tribunal.
Por ello, remarcó la iniciativa de la Corte Suprema de este año respecto al proceso de audiencias públicas con temas que le interesan a toda la sociedad, en las que se pondrá énfasis en la transparencia, y se intentará que las decisiones se discutan para alcanzar un equilibrio.
Afirmó que “también es necesario acelerar los tiempos, ya que una justicia lenta, no es justicia. Para esto, hay que cambiar el sistema, por lo que durante el año pasado nos reunimos junto con el Consejo de la Magistratura y expertos en computación, para hacer un plan de informática común a nivel nacional y provincial”.
Mediante esta iniciativa, se pretende lograr una “justicia digital”, con la intención de cambiar ampliamente los tiempos. El lunes se publicará este plan, donde los ciudadanos podrán manifestar su opinión durante 30 días. Luego comenzará su implementación.
Consecuentemente, explicó que no sólo alcanza la tecnología, sino que es necesario un cambio en la cultura. Para desarrollar esto, se llevó a cabo una comisión de jueces encargada de elaborar un plan nacional de gestión, que se implementará en cámaras federales y nacionales, además de en la Corte. Esta idea también será publicada próximamente.
Sobre esta cuestión, dijo al respecto “si se aplica en un plazo razonable la justicia digital y mejor gestionada, claramente vamos a generar un cambio de fondo que involucra a todos los poderes del Estado.”
También habló del proyecto de una comisión de acceso a la justicia integrado por jueces, porque consideraron que muchos conflictos se pueden solucionar de una manera mucho más accesible e inmediata, implementando sistemas de mediación y de arbitraje, utilizando métodos más cercanos a la gente.
Respecto al Poder Judicial, Lorenzetti manifestó “que debe ser estructuralmente independiente, con autonomía presupuestaria. Es un tema que lo impulsaremos continuamente para lograrlo, para que se pueda tomar decisiones con independencia de cualquier tipo de influencias”.
En relación a esos puntos, expresó que se requiere que el presupuesto sea “suficiente”, afirmando que “esto tiene que ver con el carácter federal de nuestro país, ya que se refiere a que las provincias tengan los recursos necesarios para el buen funcionamiento del servicio de justicia, garantizando de esta manera, el acceso de los más vulnerables. Si la justicia no llega a lo largo y ancho del país, es difícil que este derecho sea una prioridad.”
En definitiva, concluyó que el 2008 será un año de dialogo, de profundización, y que esto no se concebirá como una tarea sencilla, debido a que dependen de muchas decisiones. Agregó que las instituciones no pueden estar cerradas en sí mismas, sino que deben ser permeables a las necesidades de la población.
Finalizó ratificando que resulta “fundamental luchar por la efectividad de los derechos, para que sean declarados en un tiempo razonable y aplicados de manera efectiva. Debemos ser estadistas además de jueces que dictan sentencias”.
Y añadió que “quienes tenemos funciones de responsabilidad, tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en los grandes temas que hoy reclama nuestro país. Esto no se va hacer en un día, un mes o un año, pero se va a efectuar a medida que nosotros insistamos. Es necesario que todos nos entusiasmemos, que coloquemos de pie a este poder Judicial, que actuemos como nos reclama nuestra población, y nos pongamos al servicio de los intereses de la nación”.