La detención se hizo a solicitud del juez Baltazar Garzón, de la Audiencia Nacional de España. Sin embargo, el ex militar también es reclamado por el juez argentino Sergio Torres, que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros.
Organizaciones de derechos humanos se manifestaron en contra de que Cavallo fuera enjuiciado en la Argentina porque mientras en España pesan en su contra cargos de crímenes de lesa humanidad, acá se lo reclama por cinco causas por delitos cometidos en la ESMA.
Por otro lado, advirtieron que en caso de que fuera condenado por la Justicia argentina, iría a una prisión con privilegios en un penal militar, tal como ocurrió con otros genocidas.
Por su parte, los demandantes del represor presentaron este martes ante la Audiencia Nacional de España, un escrito solicitando que se impulse el procedimiento para juzgarlo en este país. Allí argumentaron que el Supremo Tribunal le otorgó jurisdicción para que así lo hicieran y por otro lado explicaron que el procedimiento allí se encuentra en fase avanzada, porque sólo resta fijar la fecha de inicio del juicio. En cambio en Argentina las causas en las que aparece citado, recién se están empezando a investigar.
El juicio no comenzó aún porque la Audiencia Nacional resolvió en el 2006 que cuando hay "concurrencia de jurisdicciones es preferente el ´locus delicti´ (el lugar donde se cometió el crimen)".
Luego, en julio del 2007 esta decisión fue revocada por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que el presidente de la sección tercera de la Audiencia Nacional decidió que la fecha de inicio se fijaría luego de conocer la decisión de México sobre una eventual extradición.
Finalmente, el pasado viernes, México otorgó su aval con base al artículo 18 del tratado de extradición vigente entre éste y España. Por lo que resta, ya sin pasos previos, que la Audiencia Nacional se expida sobre el lugar donde será juzgado el ex militar.
Mientras, la fiscalía española reclama una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010 por crímenes de lesa humanidad, por estar imputado de siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo. No obstante el Código Penal español establece como pena máxima a cumplir, 30 años.