La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, presentó este martes una denuncia por abuso de autoridad a la Comisaría 33º que estuvo a cargo del operativo de desalojojo de los cartoneros en Pampa y la vía, el pasado viernes. La decisión la tomó luego de recibir testimonios de las vícitmas. Entre los fundamentos de la denuncia, la funcionaria hizo hincapié en "la excesiva violencia durante el procedimiento" y solicitó la citación del Jefe de la Comisaría 33º para que informe quién dio la orden de emplear dicha metodología contraria a las normas del "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". En la denuncia penal, Pierini expresó que el personal policial abusó de la fuerza pública, provocó lesiones, privaciones ilegítimas de la libertad y abuso de autoridad. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 49, a cargo de Facundo Cubas. TEXTO COMPLETO
Sigue la investigación contra el intendente de Pinamar
El abogado del intentedente de Pinamar, solciitó este martes a los tribunales de Dolores, el sobreseimiento de su cliente en las acusaciones de extorsión que recayeron sobre él y sobre el ex secretario de gobierno aún detenido. La denuncia fue presentada por empresarios, que además entregaron una filmación que comprometería la situación del jefe comunal. La defensa de Porreti no sólo apunta a la nulidad del video como prueba, sino también a modificar la acusación para que los empresarios denunciantes pasen a ser cómplices de la eventual maniobra de cohecho, y ya no de extorsión.
Echada en pleno juicio
Los jueces Gustavo Pablo Valle, Daniel Morin y Juan Facundo Giúdice Bravo, integrantes del Tribunal Oral Nº 7, resolvieron echar a la abogada que defendía a Enrique Gabriel Rupil, acusado por homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves reiteradas en dos hechos. Los magistrados resolvieron apartarla de su rol de defensora y declarar la nulidad del debate. Posteriormente el tribunal le designó un defensor oficial al imputado y además se excusó de seguir interviniendo en el caso "por estimar que se encuentra afectada la garantía de imparcialidad".
Irán es responsable
En los Estados Unidos una jueza condenó a Irán a indemnizar a la familia de un diplomático fallecido en el atentado a la embajada de Israel en marzo de 1992, 33 millones de dólares. En el fallo la jueza Ellen Segal Huvelle explica que se encontró responsable al régimen de Teherán por haber financiado y organizado el ataque. La magistrada puntualizó en su decisión que aunque Hezbollah admitió la responsabilidad del atentado, sólo pudo llevarlo adelante con el "apoyo material del Ministerio de Información y Seguridad de Irán".
Sin excusas
Por un decreto- ley del presidente uruguayo, Tabaré Vásquez, los represores no podrán alegar secreto de Estado para negarse a declarar en los juicios por violaciones a los derechos humanos. El gobierno derogó la ley que se los permitía gracias a una iniciativa presentada al Ejecutivo por la ministra de Defensa Azucena Berrutti. La decisión también cancela la "obediencia a los mandos", aunque no implica que estén obligados a decir lo que saben, pero sí los priva de la protección a la que apelaban cuando eran requeridos por Defensa o presidencia.