Con el incremento el salario inicial de la última categoría pasa de 1096,13 pesos a 1354,16 –es un aumento de 258 pesos– y el escalafón siete, donde se desempeñan la mayoría de los empleados administrativos del Poder Judicial, pasa a un básico de 1228,65 pesos a 1517,87; lo que significa un aumento de 289,22 pesos.
Hace dos semanas el Gobierno provincial había ofrecido un incremento del 19,5 por ciento que fue rechazado por la AJB. Este martes el Ejecutivo hizo una nueva oferta que convenció al gremio.
El 23,5 por ciento de incremento fue aceptado por 18 de los 15 departamentos gremiales de la Asociación que además se pronunciaron para que la discusión salarial continúe hacia la aplicación de un sistema de porcentualidad (quiere decir que ante cada aumento todos los sueldos se incrementen en mismo porcentaje) y la sanción de una ley de paritarias que hace más de un año se viene discutiendo.
Esos temas serán tratados en la Comisión Mixta que se creó como parte del acuerdo salarial entre el gremio y el Gobierno. Estará integrada por representantes de la AJB y los Ministerios de Economía y Justicia de la provincia. La primera reunión de la comisión fue convocada para los primeros días de abril.
“Las asambleas y la firmeza en las negociaciones permitieron mejorar la oferta inicial y, más allá que podamos considerar insuficiente el aumento ofrecido, lo cierto es que no firmamos ni comprometimos ninguna paz social, muy por el contrario, seguimos bregando por la restauración plena de la porcentualidad salarial, por la ley de paritarias y el convenio colectivo de trabajo”, afirmó el secretario general de la AJB, Hugo Blasco, a través de un comunicado.
En dialogo con Diariojudicial.com Blasco señaló que el aumento es hasta el nivel 22 del escalafón, esto es juez del Tribunal Penal de Casación de la provincia. Esto significa que quedan afuera del incremento los jueces de la Suprema Corte.
Blasco sostuvo que los ministros recibirán un incremento menor, según se comprometió el Gobierno. De esta forma, se achicará la brecha porcentual entre los empleados y los jueces del Máximo Tribunal provincial, uno de los reclamos históricos del gremio.