El jefe del gobierno porteño denunció que su administración descubrió una red de corrupción entre los inspectores que dependían de la Agencia de Protección Ambiental y separó de su cargo al director del área encargada de esas tareas. Mauricio Macri presentó la denuncia ante la Justicia, en ella hizo alusión a un ex funcionario porteño que pedía 55.000 dólares a empresas para levantar las clausuras realizadas por cinco inspectores y por lo menos un oficial de la Policía Federal. Las acusaciones recayeron sobre el abogado Carlos Spina, que participó en la gestión de Jorge Telerman, en la que se desempeñó como jefe de gabinete del subsecretario de Control Comunal.
El STJ de Entre Ríos reclama conocer las reformas judiciales
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos le pidió a la Convención Constituyente que reforma la Constitución provincial que le envíe los proyectos de cambio vinculados al Poder Judicial. El objetivo de STJ es saber si hay iniciativas que pretenden modificar atribuciones y competencias del Máximo Tribunal o de otros organismos judiciales como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Tribunal Electoral. La Convención Constituyente comenzó a sesionar el 22 de enero. La ley de reforma prevé la incorporación del Consejo a la Carta Magna y el otorgamiento de una nueva función al cuerpo, el poder de acusación sobre jueces y funcionarios judiciales, hoy en manos de la Legislatura.
Causa por la muerte de Febres
La declaración indagatoria de Carlos Fernández, ex jefe de la Prefectura, fue postergada debido a que “los organismos oficiales no remitieron la documentación necesaria”. Iba a ser interrogado este jueves por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo, sobre las condiciones de detención del ex prefecto, en el marco de la causa que investiga su muerte. Héctor Febres fue hallado muerto mientras se encontraba detenido por delitos de lesa humanidad en la delegación Prefectura del Delta Bonaerense.
Juicio oral por los desaparecidos de “la perla”
El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de la última dictadura militar, el general Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete militares serán sometidos a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Así lo resolvió la jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano, al elevar el requerimiento a la etapa de audiencias. Los imputados están acusados de los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos. En la causa, se investiga el secuestro en noviembre de 1977 de cuatro personas y su traslado al centro clandestino "la perla", que funcionaba en las dependencias del Tercer Cuerpo del Ejército. Las víctimas fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes del cementerio de San Vicente, hasta que en 2002 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el de uno de ellos. También están imputados en el caso Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone.
Telmex demandó a Telefónica de Chile
La empresa mexicana Telmex presentó una demanda contra la filial de Chile de Telefónica por obstruir una concesión de servicio público de telefonía local inalámbrica. Esta había sido solicitada a la Subsecretaria de Telecomunicaciones de ese país en julio del 2004. La presentación se hizo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia alegando prácticas monopólicas según comunicó la empresa. En caso que el Tribunal encuentre responsable de la contravención a Telefónica, puede imponerle una multa de hasta u$s1,6.