A raíz de una demanda de una ONG, el Superior Tribunal de Justicia condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a colocar cestos de basura en la zona sur y a realizar una campaña publicitaria destinada a concientizar a los vecinos. La medida quedó firme luego de que el tribunal rechazara un recurso de la comuna contra la medida cautelar que así lo disponía. El reclamo fue promovido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que consideró “discriminatorio” la carencia de cestos y contenedores en la zona V de la capital. Los jueces Luis Lozano, Alicia Ruiz y Ana Conde conformaron la mayoría que rechazó la apelación, mientras que Julio Maier y José Casas votaron en disidencia.
Convocan a concurso para secretario en Rosario
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llamó a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de secretario de segunda instancia de los tribunales de la ciudad de Rosario. Los interesados tienen plazo para inscribirse desde el lunes 31 de marzo próximo hasta el viernes 11 de abril. Las solicitudes deberán ser presentadas en la Secretaría Letrada de la oficina del Máximo Tribunal provincial en Rosario, Balcarce 1651 3er piso.
Aclaración
En relación a la noticia titulada “Abogada aventurera”, que me involucra, aclaro:
- La Constitución Nacional garantiza la estabilidad absoluta del empleo público. Esa fue la base legal del Amparo: una garantía constitucional vulnerada a través de contratos de empleo público nulos, cuyos “vencimientos” implicaron la pérdida del trabajo, y por ende, del salario. En eso consistió el Amparo.
- En ninguna de las dos sentencias dictadas se hace mención al art. 14bis CN, Pactos Internacionales de DDHH, o jurisprudencia de la CSJN de aplicación al caso (“MADORRÁN” y “RUIZ”). Tampoco aplican ninguna norma jurídica para resolver la petición del justiciable. O sea: no hacen derivación razonada del derecho vigente y aplicable al caso.
- No es cierto que a la amparista no le corresponda el sueldo que pidió. Sí le corresponde por la estabilidad absoluta de la que goza. Ese, los anteriores y los futuros sueldos hasta que no la aparten del puesto vía sumario, o se jubile.-
- No entiendo por qué abogar por la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, en Entre Ríos constituye una aventura judicial que coloca al abogado en calidad de sospechoso criminal.
Dra. Sonia Spreafico
N. de la R. la Dra. Spreafico fue mencionada en la nota titulada "Aventurara judicial" del 11 de marzo del 2008 y solicitó la posibilidad de hacer la presente aclaración
Juzgados de Familia para agilizar las causas
Las autoridades del Poder Judicial de Mendoza estiman que antes de fin de año se pondrán en funcionamiento siete nuevos juzgados de Familia en la Provincia, que permitirán duplicar la cantidad de causas que se tratan diariamente. Las nuevas dependencias fueron creadas a través de la ley de emergencia en enero pasado, luego de que el senado demorara la aprobación definitiva del proyecto de ley que en 2007 tuvo media sanción de diputados. La puesta en marcha de los juzgados demandará una partida de $1.182.000 anuales sólo para sueldos; mientras que su funcionamiento se ve demorado porque aún resta que el Consejo de la Magistratura llame a concurso para que se presenten los aspirantes a cubrir los siete cargos de magistrados.
Relanzan la mediación en Santiago del Estero
El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero anunció una reformulación de los centros de mediación de la Capital de la Provincia y de la ciudad de La Banda. Se hará en el marco del programa “El Poder Judicial en Cambio” y el objetivo es capacitar y formar futuros mediadores. Además, difundirán la mediación como una herramienta eficaz de resolución de conflictos sin la necesidad de acudir a los tribunales.
Cuestionamientos al presidente
La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y el Frente Iberoamericano por la Libertad, solicitaron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que inicie de oficio una investigación sobre la presunta colaboración del presidente venezolano Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC. Esto se originó luego de las públicas denuncias del mandatario de Colombia, Álvaro Uribe. Le solicitaron al fiscal que haga uso de las facultades que le otorga el artículo 15 del Estatuto de Roma, requiriendo al gobierno colombiano el contenido de las computadoras del guerrillero Raúl Reyes, que fueron incautados en la acción del ejército que puso fin a su vida. Según sostienen allí se encontraría las pruebas de esa colaboración.