Tiene distintos matices. Se da la característica de que se producen juicios sobre hechos sucedidos 30 años atrás, y eso marca una diferencia con lo que habitualmente juzgamos en los tribunales orales y le da características muy particulares a los juicios: los testigos son personas que han vivido una situación 30 años atrás y la tienen que revivir, muchos de ellos ya no viven, y todo el contexto en el que se producen resultan una novedad para los que venimos acostumbrados a hacer juicios sobre hechos sucedidos hace dos o tres años.
Si bien ya hubo importantes sentencias como la de Etchecolatz y Von Wernich, aún hay más de 300 procesados por violaciones a los derechos humanos que esperan el juicio oral ¿Cómo ve el avance de esas causas? ¿Son razonables los pedidos de celeridad?
Fue un avance enorme que, aún después de 25 años sin juicios, la Corte Suprema haya dictado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Ello fue un acto importantísimo que habilitó el juzgamiento de los casos, pero esa habilitación, frente a la experiencia de los juicios que ya hicimos, debería ser acompañada de medidas que permitan que esos juicios sean realizados en un tiempo razonable; por razones obvias: la cantidad de juicios pendientes, que son aproximadamente 200, la demora que cada uno lleva por el trámite de instrucción y de juicio complejo que tienen, sumado a los pocos tribunales que van a tener que juzgar esos casos, la imposibilidad de llevar a cabo dos juicios al mismo tiempo, esto lleva a absurdos en tiempo que son de 100 años. De modo que eso hay que estudiarlo muy seriamente para encontrar una solución que permita conjugar dos cosas: hacerlos en un tiempo razonable, pocos años, y en segundo lugar que ello no signifique que se viole los derechos de los procesados, ni de las víctimas.
¿Qué soluciones podría haber en ese sentido?
Yo elaboré un proyecto que propone una pequeña reforma del Código Procesal Penal por el cual en algunos artículos se establece la mecánica de unificación de causas por centro clandestino y por circuito de centros clandestinos, y en caso de tratarse de cuerpos del Ejército por ese criterio. Eso haría que si están los discursos adecuados, lo que sí es una decisión política, los tribunales que tengan a su cargo esas causas unificadas van a poder realizar los juicios en un período prudente, de lo contrario no sería razonable porque ninguno de los acusados sobreviviría, no podemos estar 100 años haciendo juicios.
Recién habló de los recursos adecuados, actualmente ¿son suficientes?
Nosotros tuvimos secretarías especiales para los juicios de Etchecolatz y Von Wernich, el problema fue que se tuvo muy poca gente, aunque los que fueron contratados trabajaron de manera excepcional, con mucha capacidad y vocación de trabajo, y se pudo llegar a hacer los juicios en un tiempo más que razonable.
En el caso de que se produzca algún tipo de reforma que permita hacer los juicios en tiempo razonable, ahí es donde los recursos son imprescindibles, porque no se va a arreglar con una Secretaría de Derechos Humanos, sino que se va a arreglar con una dotación de gente, de computadores, espacio físico, que permita seriamente que una causa de la envergadura que tendrían las causas unificadas puedan ser llevadas a juicio no sólo en tiempo, sino también en forma razonable, es decir, que haya un estudio adecuado de los casos y permitan un juicio con todas las garantías de la ley.
¿Cree que está la voluntad para que se concreten esos cambios?
Yo creo que si, porque las razones están a la vista: para que la Corte haya decidido la inconstitucionalidad de las leyes del perdón hubo previamente una decisión política de designar una Corte con el perfil de la Corte actual, que tiene una capacidad intelectual y una vocación democrática como pocas veces tuvo Argentina. La Presidenta de la Nación, en su primer discurso, hizo referencia al tema y con una clara intención de que los juicios por los derechos humanos se hagan en un plazo coherente. De modo que estoy absolutamente convencido de que la decisión política para que los juicios se hagan en un tiempo razonable está, lo que faltaría es traducir a medidas concretas esa decisión que facilite la realización de los juicios.
Los jueces están, los tribunales están, y Argentina puede exhibir un logro que es haber hecho, aún 30 años después, los juicios que permitieron tener esperanzas de cerrar una página de la historia, pero no cerrarla con olvido, sino con el funcionamiento plena de las instituciones y de la ley.
¿Qué significa la desaparición de Julio López en este camino de la Justicia por hacer justicia (valga la redundancia) por los crímenes cometidos por la dictadura?
Significa mucho. Fue un antes y un después, no puede minimizarse de ningún modo la tragedia que significa la desaparición de López, porque para que ello haya ocurrido tuvieron que haber condiciones generadas porque el Estado argentino hasta ese momento no había tomado en cuenta todo lo que debía. Fenómenos como el genocidio de los años 70, el no juzgamiento de los 25 años posteriores, ese silencio genera también un cuadro de inactividad respecto de los cambios institucionales que hay que hacer en distintos ámbitos como para que la desaparición de una persona en plena democracia no llegue a producirse. Producida la tragedia, hay una obligación de hacer un análisis de gran profundidad de cuáles son las causas que permitieron que haya condiciones para que esa desapariciones se produzca, y sobre todo, que nos permitan mirar para adelante en la tranquilidad de que no se va a volver a producir.
¿Hoy se les puede garantizar a los testigos de los juicios que vendrán, su seguridad?
Hay dos aspectos. Si se llegaran a unificar las causas, eso sólo va a permitir disminuir la cantidad de veces que tengan que declarar los testigos. Por otra parte, en la propuesta legislativa que elaboré, están expresamente incluidas una serie de normas para que el testimonio de aquellas personas que son de contexto, que han estado detenidas en los centros de detención, sea introducido para evitar que la persona tenga que contar nuevamente lo que ya contó en sede judicial, y a su vez para aligerar esos juicios.
Lo otro importante, es un mecanismo de contención de testigos, que se implementó en el juicio a Von Wernich. Lo que nos permitió que declaren en condiciones adecuadas a partir de la contención física y psicológica brindada. También se dispusieron medidas para que no tuvieran que estar largas horas en el juicio. Y los testigos han hecho saber al tribunal su satisfacción y tranquilidad por haber declarado en condiciones que no le afectaron una vez más su estado psicológico. Es una experiencia valiosa.
Usted recibió amenazas en el marco de los juicios contra Etchecolatz y Von Wernich, ¿cómo vivió personalmente esos hechos?
Tiene dos lecturas desde lo personal, una es la afectación necesaria que significa un hecho de esa naturaleza. La otra es la vinculación que tienen las amenazas con los que se está pasando en el proceso, es decir, son juicios donde ha desaparecido un testigo, donde se juzgaron hechos sucedidos 30 años atrás en un marco de extraordinaria violencia. Esto obliga a tomar las amenazas como un parte más de lo que el Estado argentino ha decidido hacer, que es juzgar estos casos.
Tras la muerte de Febres se dieron a conocer algunos aspectos de las condiciones de detención en la delegación de Prefectura Naval en Tigre, como por ejemplo que realizaba salidas transitorias o que se reunía con sus familiares. ¿Creé que esto es una muestra de la necesidad de que todos aquellos procesados por delitos de lesa humanidad estén detenidos en cárceles comunes?
No es un tema que merece demasiada discusión. Cuando hablamos de hacer estos juicios decimos de hacerlos como manda la ley. Y la ley es muy clara en este sentido, lo que no se debe hacer jamás en un país democrático es hacer diferencias que terminen siendo odiosas para la ciudadanía. Del mismo modo que todos los tribunales del país, en todos los casos criminales, tienen a la gente detenida en cárceles, del mismo modo debe actuarse en estos casos.
En los dos casos que tuvimos que juzgar (Etchecolatz y Von Wenich), los jueces fuimos unánimes en decir que los condenados deben estar detenidos en cárceles comunes, que es el lugar adecuado para que estén las personas teniendo en cuenta la envergadura que tienen los delitos por los que se los está juzgando.
¿Le espera algún otro juicio por temas de lesa humanidad?
Están por ingresar causas que están por salir de instrucción, por eso es importante que se encuentre una solución que no sea la de 100 años de juicio.
En lo personal, ¿Cómo vivió los años del golpe?
Como persona joven y abogado, formé parte en ese momento de una generación que percibió una parte de las cosas que estaban sucediendo. Algunas personas vivieron todos, tanto los que dirigían el país como los que fueron víctimas; después hay un sector enorme que conocíamos una parte, no creo que haya gente que hoy pueda decir “yo no sabía nada”. Lo que sucede es que la propia historia demuestra que el nivel de violencia que genera el terrorismo de estado es de tal magnitud, que es muy lógico que la población perciba una parte de esa realidad, por eso es muy importante, aún 30 años después, reconstruir esas partes, como si fuesen trozos y unirlos a partir de la verdad que significa cuando la justicia actúa y dictamina sobre lo sucedido. Y recién cuando esos pedazos se puedan juntar, la totalidad de la ciudadanía pueda conocer lo que pasó, para que no vuelva a pasar, y sobre todo, para que pueda caminar sobre la verdad y no a partir de la suposición o de la impunidad.
La condena a Von Werich, ¿debería llamar a reflexión a la Iglesia sobre su actuación en esos años?
Ahí no entro en el análisis porque es muy importante señalar que la justicia, cuando está actuando a raíz de un hecho criminal, está imputada una persona y no a una institución, es decir, se juzgan personas, no instituciones. Si esas personas imputadas pertenecieron a instituciones y tuvieron un rol en los hechos juzgados, será la propia institución y la sociedad las que tendrán que hacer el análisis sobre quién hizo y qué se hizo y en función de ello poder lograr mantener o no la inserción que tienen en la sociedad o mejorarla.