Esta decisión se adoptó pese a que unos 50 gobiernos presentaron peticiones ante el Máximo Tribunal norteamericano solicitando que estudiara la revisión del caso, especialmente lo hizo el Estado mexicano.
No obstante por una mayoría de 6 a 3, los magistrados denegaron el recurso de revisión presentado por el abogado de Ernesto Medelín Rojas, un mexicano sentenciado a muerte en ese país, al ser acusado de la violación y asesinato de dos adolescentes en Texas.
En el pronunciamiento estimaron que el fallo ordenado por el tribunal internacional hace 3 años sobre las violaciones de derechos internacionales de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, no era aplicable a los tribunales estatales.
En marzo de 2004 la Corte Internacional de la Haya ordenó en el caso “Avena”, que se revisaran los procesos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, con el argumento de que no habían sido informados en tiempo y forma de su derecho a tener asistencia consular, derecho establecido en la Convención de Viena.
Esta resolución fue criticada inicialmente por el gobierno del presidente Bush, pero poco menos de un año después, revirtió su discurso expresando que Estados Unidos sí necesitaba cumplir con el fallo de Avena y recomendó que Texas realizara una revisión de los casos. Al mismo tiempo declaró que de allí en adelante ese país ya no se sometería a la autoridad de la Corte Internacional en torno a este tipo de cuestiones.
A pesar de que algunos Estados aceptaron esa imposición, los jueces de Texas se negaron a analizar el recurso, estimando que el pronunciamiento dictado en la Haya no era vinculante para ellos, y que la separación de poderes les impedía recibir órdenes del presidente.
Aclararon que sólo el Congreso podía, a través de una legislación, tornar en obligatorios para los tribunales estatalesa estos veredictos emitidos por la Corte Internacional.
El Máximo Tribunal contempló además que “mientras que un tratado podría constituir un compromiso internacional, no es ley doméstica obligatoria a menos de que el Congreso haya promulgado estatutos implementándolo, o que haya sido ratificado con legislación, que también hace automática su carácter obligatorio”.
El abogado de Ernesto Medellín Rojas, emitió una declaración expresando su decepción por el fallo. Asimismo, indicó que el presidente y el Congreso tienen que asegurar que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones bajo los tratados internacionales.
Mientras, funcionarios mexicanos expresaron que usarán todos los recursos para defender los derechos de los sentenciados a muerte en el país norteamericano y ratificaron su postura favorable sobre la resolución de la Corte Internacional de Justicia, indicando que se debe respetar sus decisiones por los Estados que han aceptado su jurisdicción.
En este momento, hay aproximadamente 51 mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos, incluyendo un total de 14 en Texas.