Evaluarán una Defensoría Policial y Penitenciaria

La Cámara de Diputados de Misiones ya tiene en agenda el tratamiento de un proyecto de ley que propone la creación de una Defensoría Policial y Penitenciaria destinada a proteger los derechos e intereses de los agentes de las fuerzas de seguridad.

El proyecto fue presentado por el legislador radical Pablo Andersen y este año será discutido por la Comisión de Legislación y Justicia. La idea es que el organismo se aboque a la investigación y recepción de denuncias de “todo acto, hecho u omisión que se estime violatorio de la legalidad administrativa o bien configure un abuso de autoridad, arbitrariedad, administración, acoso sexual o negligencia que perjudiquen a los agentes en particular”.

La propuesta fue creada sobre la base institucional del ombudsman del pueblo, por lo que sería unipersonal y el defensor sería elefido por los diputados, en base a una terna que surja del respectivo concurso de oposición y antecedentes. También podría ser designado un defensor adjunto.

“El objetivo fundamental de la institución es el de garantizar el cumplimiento de las normas, principios y prácticas de la buena administración en el ámbito policial y penitenciario, protegiendo los intereses del personal frente a actos, hechos u omisiones que los vulneren o perjudiquen”, expresa el proyecto.

La propuesta obliga a los integrantes de las fuerzas a colaborar con las investigaciones realizadas por el defensor y establece el procedimiento que debería realizarse para efectuar las denuncias por parte de los agentes, que serían por escrito y dentro de los seis días de producido el hecho cuestionado.

Al argumentar la iniciativa, el diputado Andersen sostuvo que “la puesta en funcionamiento de una organismo de esta naturaleza colocaría a la provincia de Misiones a la vanguardia en la búsqueda de un mejor funcionamiento de las instituciones, fundamentalmente en lo que hace al respeto por los derechos humanos”.

Vale señalar que en la Argentina los agentes policiales y penitenciarios tienen vedado el derecho a la protección sindical consagrado para todos los trabajadores en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Otro dato que merece resaltarse es que no existen antecedentes de esta propuesta en la Argentina pero sí en Perú y en Uruguay, aunque en este último caso con alcances diferentes. En Perú, desde 2002 existe la Defensoría del Policía que fue creada con la finalidad de garantizar, al interior de la propia organización policial, los Derechos Humanos del personal que presta servicios.

Mientras que en Uruguay fue creada una Defensoría Policial en lo Penal, pero como un servicio jurídico del Ministerio del Interior para asistir a todos los policías en actividad que deban comparecer ante la Justicia penal como consecuencia de procedimientos realizados durante actos de servicio.

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