La causa se inició hace siete años a partir de una denuncia formulada por un particular, Alejandro Olmos, y sucesivamente se fueron anexando cargos contra los ex funcionarios por denuncias que efectuaron la diputada del ARI y dirigente de uno de los gremios aeronáuticos, Alicia Castro y el abogado Ricardo Monner Sans, entre otros.
De hecho, al ser convocados a indagatoria por el antiguo Código de Procedimientos su llamado implica automáticamente el procesamiento de los ex funcionarios, y de otras personas que también fueron citados en el mismo carácter por el juez federal Jorge Luis Ballestero, a cargo de la investigación.
El expediente esta radicado en el juzgado federal 3 a cargo de Ballestero, luego de la renuncia de su anterior titular Carlos Liporaci, e impulsada por los fiscales Carlos Rivolo y Claudio Navas Rial
Según confirmaron fuentes judiciales Erman González, quien al momento de la privatización de Aerolíneas se desempeñaba como Ministro de Economía fue citado para el cinco de marzo próximo, mientras que el ex titular de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, deberá comparecer el 7 de ese mes.
La resolución de Ballestero significa la primera de ese tipo en la cual se imputa a ex funcionarios de gobierno el delito de asociación ilícita luego que la Corte Suprema de Justicia desechara esa figura en la causa por la venta ilegal de armas.
El denunciante Olmos fue el mismo que dio origen a la causa en la que se investigó la deuda externa que se generó durante la última dictadura militar, cuya legitimidad fue cuestionada por Ballestero en un fallo en el que pese a declarar prescriptos los delitos sugirió al Congreso proseguir con su investigación.
Además de Dromi y Erman González también fueron citados a indagatoria una quincena de imputados, entre ellos los empresarios Enrique Menotti Pescarmona, Aldrei Iglesias y Amadeo Riva, quienes desfilarán por los Tribunales Federales de Retiro entre los meses de marzo y abril del año próximo.
De acuerdo con una pericia que fue incorporada al expediente el magistrado pudo determinar la existencia de "un desfasaje de 87 millones de pesos" en la privatización de la empresa aérea de bandera en los albores del anterior gobierno.
Además, se incluyó una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (UFITCO), cuyo ex titular Maximiliano Rusconi, reclamó que se investigara a los imputados por el supuesto delito de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de instrumento público.