Según los representantes del Ministerio Público, los directivos Horacio Alfonzo Delorenzi, Jorge Serdarevich, Eduardo Bramajo y Edgardo Javier Díaz "mientras ejercieron cargos ejecutivos en la administración de ATC S.A, procuraron un lucro indebido para sí y para terceros, perjudicando los intereses que le fueron confiados por el Estado Nacional".
En el escrito, presentado ante Ballestero, los fiscales refirieron que la conducta de estas personas se encuadra en el delito de “administración infiel” y afirmaron que la situación del canal estatal era "un absoluto desorden administrativo", lo que permitió "la comisión de los eventos delictuosos".
La causa se inició a raíz de la acumulación por conexidad de distintos sumarios donde se investigan irregularidades en la administración del canal al que se adjuntaron varias misivas anónimas que alertaban sobre el presunto vaciamiento del canal estatal por parte de sus directores.
Según los fiscales, estas personas denunciaban también que distintas personas del medio televisivo, a las que relacionaban con el sector político del país, se les condonarían las deudas que mantenían con e canal: así, se sindicaba a Alberto Cormillot, Nelly Raymond, Guillermo Marconi, la productora "Ages" de Lucho Aviles, Mauricio Golfard ( Mauro Viale)", etc.
La Oficina Anticorrupción, por su parte, presentó una denuncia contra Delorenzi y contra otros funcionarios que se desempeñaban en distintas gerencias de la sociedad por los contratos realizados con varias firmas y supuestos asesores externos que nunca habrían prestado servicios.
En ese sentido los fiscales, en su extenso documento puntualizan los hechos que conforman la investigación y detallan que los mismos consistían en "contrataciones irregulares que ATC S.A realizó con doce personas físicas y dos jurídicas" y en la falta de contraprestación de convenios con aquellas y las consecuentes erogaciones que habría realizado ATC como consecuencia de los acuerdos.
Además, los testigos destacaron "las irregularidades" detectadas durante esas gestiones, al tiempo que catalogaron como "un caos" la situación administrativa del canal lo que se evidencia en la deuda de 80.000.000 pesos que tendría la ex ATC.
Al respecto, el gerente de Producción Emilio Cartoy Díaz, declaró que los especiales musicales adquiridos "se pueden conseguir sin cargo en las empresas discográficas" ya que estas suelen tener especial interés en su difusión televisiva, "en busca de promoción de artistas y de temas musicales".
En la causa también se investigan una serie de erogaciones realizadas a favor del ex interventor y presidente del canal Horacio Jorge Frega y de Delorenzi mediante "anticipos a rendir" por la suma de 95 mil pesos el primero y 40 mil el segundo.
A su vez, los fiscales solicitaron la declaración de una veintena de supuestos prestadores de servicios a quienes se considera "partícipes necesarios" del delito de administración infiel ya que "sin su imprescindible actuación, parte de los hechos no podrían haberse cometido".