El presidente del STJ criticó los 171.556.000 de pesos de presupuesto judicial que el Gobierno fijó en un proyecto de ley que envió a la Legislatura. El Máximo Tribunal provincial había solicitado 213.112.118 de pesos como gastos para este año.
“El Presupuesto de 171 millones de pesos aprobado por el Poder Ejecutivo es injusto e inequitativo”, apuntó Farizano. “No podemos aceptar ni conformarnos con el monto que se nos ha asignado”, agregó.
Completó su crítica al afirmar que “la independencia económica del Poder Judicial no se consolida con discursos, sino con hechos plasmados en el presupuesto”, en una referencia directa a las promesas de los Poderes Ejecutivos de todo el país de mejorar la Justicia en sus respectivas provincias.
El Presidente del STJ defendió el presupuesto solicitado. "Los 213 millones planificados por la Justicia de ningún modo son imprudentes, puesto que éstos responden a una planificación técnica que contempla obras de infraestructura, informatización y desarrollo de recursos humanos", dijo luego de una reunión con diputados provinciales.
Farizano le explicó a los diputados que el recorte presupuestario es un freno a las políticas judiciales que lleva adelante el STJ desde 2004 como el proyecto de informatización y la construcción de nuevas dependencias judiciales.
El STJ explicó a través de un comunicado que “la reducción efectuada por el Poder Ejecutivo se fundó en que el presupuesto 2008 presentado por la Justicia ocasionaría el incumplimiento de los artículos 19 y 19 de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal a la que la provincia ha adherido.
Pero consideraron que eso es inexacto: “No hay razones técnicas ni políticas para hacer hincapié en el cumplimiento de dichas leyes exclusivamente en el presupuesto de la Justicia, cuando en ninguna otra jurisdicción presupuestaria se refiere a la aplicación de esas normas, y que existen otras áreas que superan los paràmetros de la ley”.
Ahora será el Poder Legislativo quien decida si aceptan el recorte presupuestario que hizo el Gobierno. Farizano y otros integrantes de la Justicia les solicitaron a los diputados con quienes se reunieron que analicen las razones que les expusieron.
Del encuentro también participaron el juez del STJ Carlos Rubín, el Fiscal General, Pedro César Sotelo; la sub-directora de la Dirección General de Administración, María Inés González D´Amico; y el fiscal de primera instancia, Gustavo Schmith, la presidente del Colegio de Magistrados, María Eugenia Sierra de Desimoni, e integrantes del gremio de los empleados judiciales.