Luego de varias propuestas que se fueron alejando de la inicial, que pretendía la derogación total de las detenciones por averiguación de antecedentes, la cámara de Diputados de Salta aprobó reducir de 24 a 6 horas el tiempo que la Policía tendrá para hacer uso de esa facultad en cada caso y dispuso que intervenga un juez de Detenciones y Garantías.
Los cambios implican una modificación al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía, que fue dictada en 1983 y que establece que “para el ejercicio de la función de policía de seguridad podrá: detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a identificarse”. En tanto que agrega que esa demora no podrá exceder el plazo de 24 horas, el cual ahora fue reducido a seis.
"Se trata de una vieja facultad otorgada en épocas de la dictadura que con ésta modificación cambió diametralmente", dijo a la prensa jujeña el presidente de la cámara de Diputados, Santiago Godoy.
Sin embargo, el consenso para votar los cambios no fue simple y los legisladores debatieron por más de dos horas sobre el tema. En principio, la propuesta fue derogar las detenciones por averiguación de antecedentes, postura que fue defendida por el bloque del Polo Obrero, desde donde sostuvieron que se trata de una “facultad arbitraria de la Policía" por la que la fuerza comete “muchos excesos”.
Por su parte, el radicalismo, si bien terminó apoyando el dictamen de la mayoría, en un principio había bregado por reducir a dos horas el plazo de averiguación de antecedentes, mientras que la diputada del Partido Propuesta Salteña (PPS), Virginia Cornejo, propuso que las detenciones se puedan realizar en caso específicos por una hora.
Finalmente, prosperó la propuesta de reducir el plazo de 24 a 6 horas, cuyos impulsores hicieron hincapié en la necesidad de resguardar esa facultad policial como una herramienta de “prevención del delito”. "La disminución del plazo tiene que ser un sistema preventivo, pero a la vez controlado por el juez de Detenidos y Garantías", expresó el diputado Godoy.
Sobre la intervención del juez de Detenidos y Garantías, los diputados entendieron que correspondía otorgarles competencia en esos casos para que controlen la razonabilidad de las detenciones y de esa manera garantizar los derechos de los detenidos, que a su vez, se aclara, no quedarán incomunicados.
El tema ya salió de la cámara baja salteña y fue remitido al Senado local, que deberá confirmar los cambios propuestos.
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