La entidad que nuclea a los jueces nacionales y federales sostuvo que el incremento de haberes “no conforma”.
“Nos vemos en la imperiosa necesidad de destacar nuestra profunda preocupación por la involución que han sufrido las retribuciones de todos quienes integran los diversos estamentos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, en cualquiera de sus niveles y que no encuentra adecuada compensación con el aumento dispuesto”, expresó la AMFJN el viernes pasado a través de un comunicado.
La asociación no criticó a la Corte Suprema y adelantó que continuará con el reclamo: “Seguiremos reclamando en cuanta oportunidad resulte pertinente, una readecuación salarial que restablezca el poder adquisitivo - a valores reales - de las retribuciones correspondientes a los magistrados, funcionarios, y empleados administrativos, técnicos, obreros y de maestranza, tanto del Poder Judicial de la Nación como de ambos Ministerios Públicos y de los cuerpos periciales”.
El aumento del Máximo Tribunal alcanzó a jueces, funcionarios y empleados y es retroactivo al 1 de mayo. Pero sigue generando revuelo. El incremento fue criticado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) porque el gremio no fue convocado a una mesa de diálogo para discutirlo y porque sostuvo que el aumento les quitaba a los empleados una suma fija que venían cobrando.
La UEJN ratificó para el jueves de la semana pasada un paro que había convocado en protesta por la falta de respuesta a las paritarias para tratar diversos temas laborales. Pero una convocatoria de la Corte Suprema hizo levantar la medida aunque continúan en alerta y movilización.
En ese encuentro se garantizó el pago de la suma fija y el aumento del 10 por ciento. Además, se acordó una agenda para discutir otros temas que reclama el gremio, informaron fuentes judiciales.
Se refieren a la sanción de un nuevo sistema de ingresos a la Justicia, la participación de los empleados en el directorio de la Obra Social, que se fije el 82 por ciento para las jubilaciones y que se instaure las convenciones colectivas de trabajo en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.