Por parte del Ministerio Público, el fiscal de Instrucción Pablo Lanusse hizo su presentación en la Cámara Federal pidiendo que se investigue si el titular de la cartera económica cometió el delito de abuso de autoridad al dictar la resolución. Según Lanusse, “es sabido que el producto más importante del Poder judicial es la sentencia, que contiene (generalmente) una norma individual destinada a resolver un caso y que su peso político reside en el respeto que le tengan los demás poderes del Estado”.
El más madrugador de todos los denunciantes fue el abogado laboralista Héctor Recalde –que consiguió que el juez federal Martín Silva Garretón anulara los efectos del decreto en beneficio de los trabajadores judiciales-, quien ya a las 7 y media de la mañana denunció a Cavallo por los delitos de instigación a cometer delitos, desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una acusa que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Jorge Ballestero.
Según el letrado, el decreto sobre el que informó ayer Diariojudicial.com deja “al desnudo que Cavallo sigue siendo el autoritario funcionario de la dictadura militar”. Al referirse a al exigencia que estableció el titular de la cartera de Economía de que “el Estado” intervenga antes de que los bancos cumplan las resoluciones judiciales, Recalde aseguró que el ministro le hace recordar a Luis XIV, “ya que al ignorar al Poder judicial como integrante Judicial como integrante del Estado, el ministro parece creer que el Estado es él”.
Por su parte, Juan María Aberg Cobo –abogado del condenado ex jefe de la Marina Emilio Massera- no sólo acusó a Cavallo (la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral), sino también al presidente del Banco central, Roque Maccarone, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y por violar el artículo 102 de la Constitución, que dispone que “cada ministro es responsable de los actos que legaliza”.
Los legisladores no se quedaron detrás de los letrados. Así, Mario Cafiero y Graciela Ocaña (Ballestero) y Alicia Castro junto a Alfredo Villalba (Canicoba Corral) también hicieron sus presentaciones contra el ministro de Economía en la Cámara Federal, en el segundo piso del los tribunales de Comodoro Py.
Los abogados Marcelo Parrilli y Roberto Sugrañes fueron más allá al denunciar a todo el gabinete nacional, incluido el presidente Fernando De la Rúa, por el delito de abuso de autoridad al firmar el decreto 1570/01. El primer mandatario, Cavallo, Maccarone y el ex titular del Banco Central Pedro Pou tendrán que defenderse también de la acusación por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Estos dos letrados hicieron notar en su denuncia que el Poder Ejecutivo argumentó al apelar las resoluciones dictadas por Silva Garretón que desde que comenzó la fuga de capitales en febrero se sustrajeron del sistema financiero entre 16 y 18 millones de dólares sin restricción. A partir de esa situación sostuvieron que se estaba vulnerando el principio constitucional de igualdad ante la ley perjudicando a quienes confiaron y dejaron sus depósitos en los bancos.
Por eso, solicitaron que se libre un oficio al Banco Central para que informe la totalidad de transferencias de divisas que se realizaron al exterior desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre, último día en que se pudo retirar dinero en efectivo libremente de los entidades bancarias. A partir de la individualización de quienes retiraron los fondos, solicitaron que se afecten en los mismos términos del decreto 1570/01.