Aprueban acusación contra un juez federal

Tras una reñida votación que terminó cinco a cuatro, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves la propuesta del sector oficialista de someter a juicio político al juez federal de Posadas Ramón Chávez, acusado de “graves irregularidades” en una causa en la que investigaba la muerte de dos gendarmes.

Ahora, se espera que dentro de quince días, cuando se vuelva a reunir el cuerpo en plenario, se someta a consideración el dictamen acusatorio para ver si se confirma y se suspende al magistrado, quedando habilitado el comienzo del proceso de remoción.

El pedido de juicio político contra Chávez fue formulado por el consejero Carlos Kunkel, que se encargó de la instrucción del expediente, y lo acompañaron en la propuesta Diana Conti, Marcela Losardo, Nicolás Fernández y Santiago Montaña. Mientras que en minoría, Luis María Cabral, Luis Bunge Campos, Mariano Candioti y Ernesto Sanz votaron por aplicarle una sanción disciplinaria a Chávez, consistente en una multa del 10 por ciento de sus haberes.

Según el dictamen aprobado, las irregularidades en las que incurrió Chávez “constituyen el modo de encubrir hechos delictivos suscitados dentro de la Gendarmería Nacional”, por lo que se pide el jury bajo la causal de mal desempeño establecida en el artículo 53 de la Constitución.

En la causa en cuestión, el magistrado de Posadas, entre otras cosas, omitió realizar la autopsia para determinar la causa de la muerte de los gendarmes Antúnez y Aranda, produciendo “daños irreparables a la investigación”. Y también omitió ordenar la reconstrucción del hecho, lo que se produjo al resolverse un recurso de reposición de la parte querellante.

“Surge de las constancias del expediente que las medidas probatorias fueron ordenadas mucho tiempo después de la muerte de los gendarmes, lo cual obstaculizó el éxito de la investigación”, dice el dictamen del expediente Nº 323/05, caratulado “Lucena, Aurora Elizabeth y otro c/ titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas –Dr. Chávez”.

Además, Kunkel consideró que las irregularidades vinculadas a la falta de investigación adecuada de presuntos delitos fueron advertidas por las partes, por la Cámara y por el Cuerpo de Auditores Judiciales. Así, el consejero concluyó que “nos encontramos ante hechos gravísimos que ponen en evidencia el mal desempeño en sus funciones por parte de Ramón Claudio Chávez”.

Mientras que profundizando la crítica a la actuación del magistrado, el dictamen considera que Chávez “ha defraudado a los familiares de las víctimas, quienes al día de la fecha no han llegado a conocer la verdad de los acontecimientos y, por sobre todas las cosas, han perdido elementos de prueba valiosísimos e irreproducibles por otras vías”.

Las irregularidades que se le atribuyen a Chávez en la causa de los genadarmes

1. Omisión de ejercer la jurisdicción, negándose a investigar la muerte de los gendarmes Diego Javier Aranda y Carlos Fabián Antunez.

2. Denegación de justicia y adhesión a lo actuado por la Gendarmería Nacional en la prevención sumaria 119-01 en el expediente RJ 1-4028/119 registro de la Sección Puente Internacional Posadas y de las informaciones militares Nº 6/01 (expediente DJ 1-4230/01)y 8/01 (expediente DJ 1-4230/03).

3. Falta de independencia judicial.

4. Omisión de practicar todas las medidas conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, en tiempo oportuno.

5. Destrucción de elementos probatorios.

6. No transmitir en forma inmediata al Ministerio Público Fiscal los hechos comunicados por la Gendarmería Nacional.

7. Entre las medidas omitidas, las más importantes, es la omisión de practicar autopsia inmediatamente del hallazgo de los cuerpos.

8. La negación a practicar la reconstrucción de los hechos.

9. Omisión de investigar la falta de cerradura del féretro de Antunez, el falso testimonio de Alves, la no preservación de la vestimenta de los gendarmes.

10. Incumplimiento reiterado de los plazos procesales en diversas causas, conforme lo informado por los auditores, poniendo en serio riesgo el servicio de justicia y en clara violación de garantías constitucionales de los justiciables.

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