“Ratifícanse las resoluciones del Ministerio de Economía y Producción Nros. 125 de fecha 10 de marzo de 2008”, dice el artículo 1 del proyecto que este martes envió el Poder Ejecutivo al Congreso. El segundo señala: “Lo dispuesto en el artículo precedente lo es sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas”.
La oposición critica esos artículos por considerar que si no hay una discusión profunda sobre el tema solamente servirá para aplacar los descontentos que las retenciones generaron.
“Es una burla a la opinión publica y al Parlamento. El Poder Ejecutivo no puede condicionar al Parlamento de decir si o no”, opina el abogado constitucionalista y ex diputado nacional del PRO, Jorge Vanossi.
“La manera en que el Gobierno lo mandó no es un proyecto de ley para que se discuta, sino que se acepte o rechace”, apunta el diputado nacional de Proyecto Sur y economista de la CTA, Claudio Lozano.
De todos modos, fueron varios los abogados constitucionalistas que afirmaron a lo largo de este miércoles, que el Poder Legislativo no está limitado a las opciones que otorga el Ejecutivo en el texto enviado, sino que tiene amplia libertad para debatir el tema y tratar otros proyectos.
Ahora el tema será tratado primero por Diputados, la cámara de origen para estos temas. El proyecto fue girado a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, como cabecera, y de Presupuesto y Hacienda.
Las fuentes consultadas indican que esas comisiones deberán emitir un dictamen para ser tratado en el recinto. La discusión en las comisiones comenzaría la semana que viene. Una posibilidad es que el tratamiento sea en una misma reunión de ambas comisiones, lo que desde la oposición es rechazado porque quieren que cada comisión trate los aspectos esenciales de cada materia del proyecto.
El trámite parlamentario no requiere ningún tratamiento especial. Para la aprobación del proyecto se necesita mayoría simple en ambas cámaras. Hoy, el oficialismo cuenta con el número para aprobarlo: de los 257 diputados, el Frente para la Victoria tiene 131, y en el Senado cuenta con 41 legisladores de un total de 72. No obstante, tras la crisis política que generó el conflicto del campo, no se descarta que los legisladores de algunas provincias agrícolas intenten imponer otra postura que no sea a rajatabla lo que quiere el Gobierno.
En los fundamentos que el Gobierno envió al Parlamento señala: “En la convicción de que cualquier mal institucional se cura con más respeto a las instituciones, pretendemos que el propio Honorable Congreso de la Nación tome plena participación, discusión y decisión en un tema que válida y prácticamente –atendiendo a la realidad de las urgencias que siempre imponen las políticas económicas– había sido oportunamente y validamente delegado”.
En la iniciativa el Ejecutivo ratificó su “uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones”. Sin embargo, “ha querido presentarse ante el pueblo de la Nación como una manera de menoscabar la participación del Honorable Congreso de la Nación”, señala el texto firmado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández.
“A nadie agrede que el Congreso de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo, se pronuncie en una materia en donde la discusión de intereses ha cobrado inusitada virulencia”, reconoce el Gobierno el clima de conflicto que generaron las retenciones.
El proyecto ratifica el objetivo de redistribución de la riqueza que tienen las retenciones para lo cual crea el Fondo de Redistribución social para “financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud; la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales y la construcción, reparación, mejora o mantenimiento de carriles rurales”.