El juez de instrucción porteño Eliseo Otero se declaró incompetente para entender en una causa donde fue denunciado el piquetero Luis D´Elía por presunta intimidación pública y envió el expediente al fuero federal. El magistrado entendió que la denuncia se enmarca en un contexto de presunta discriminación que es un delito federal y la causa fue girada al juez de ese fuero Sergio Torres. El líder piquetero fue denunciado por supuesta intimidación a ciudadanos que el 26 de marzo pasado protestaban en Plaza de Mayo a favor del campo y por sus dichos en un programa de radio en el que afirmó “odio a los blancos” y “a la oligarquía”.
De la plaza al campo
El fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió abrir una investigación penal por presunta "asociación ilícita" contra el dirigente agrario Alfredo de Ángeli y los titulares de las cuatro asociaciones rurales, tras ser denunciados por la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por el corte de rutas en el interior del país. Ésta solicitó la detención de los ruralistas por ser los principales responsables del paro que realiza el sector agropecuario luego del dictado de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía. Bonafini también pidió que, concluida la instrucción del sumario, los acusados sean condenados a 15 años de prisión porque, según su criterio, emplean "métodos terroristas" y realizan "acciones tendientes a desestabilizar al gobierno nacional como fue tradición de las entidades que presiden". Destacó también que los mismos anteponen su ganancia personal al bien común. El dictamen del fiscal fue presentado ante el juez federal Claudio Bonadío, quien deberá decidir si convoca a los dirigentes a prestar declaración indagatoria ante los tribunales de Retiro.
Cavallo, Astíz y “el Tigre” Acosta seguirán en prisión preventiva
La Sala II de la Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva para los ex oficiales de la marina Ricardo Miguel Cavallo, Alfredo Astíz y Jorge “El Tigre” Acosta, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, durante la dictadura de 1976. El tribunal además rechazó al pedido de excarcelación presentado por Cavallo en el marco de la causa de la desaparición de las monjas francesas. “La gravedad de los delitos, el monto de las penas que recibirían en caso de ser condenados” y la posibilidad de que su libertad entorpezca la acción de la justicia, son los principales argumentos por los que la Cámara extendió el plazo de la prisión preventiva para los ex marinos. Astiz, Acosta y Antonio Pernías irán a juicio oral y público a pedido del juez federal Sergio Torres por estar imputados del secuestro y privación de la libertad en diciembre de 1977, de las personas que se encontraban con las monjas Alice Domon y René Leonie Duquet en la iglesia.
Jueces que tienen la palabra…
En el marco del seminario sobre “Las garantías constitucionales de los grupos vulnerables y las personas privadas de libertad” llevada a cabo en el Palacio de Tribunales, magistrados de Iberoamérica expusieron la situación legal imperante en cada país. Se refirieron a la prisión e internación de menores de edad, prisión preventiva y su reinserción social. Se aprovechó la oportunidad para crear una red iberoamericana para facilitar el intercambio de experiencias jurídicas en la región, del que participaron las ministras de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. Por su parte, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, manifestó que “uno de los grandes temas que enfrenta el derecho a la libertad es superar el estado declarativo. De nada vale tener un derecho en una ley o en una Constitución si no hay un goce efectivo del mismo”.
Estuvieron presentes en el encuentro aproximadamente 18 países de América y Europa. El representante de Costa Rica señaló que “la sociedad exige aplicar mayor dureza en la responsabilidad penal de los niños y adolescentes. Los Estados deben tener políticas preventivas del delito, por lo que resulta fundamental realizar una mayor inversión en educación”, mientras que el representante de Honduras explicó que en país se escuchó el clamor social de endurecer las penas y los castigos inmediatos y en consecuencia el Congreso modificó la ley procesal penal.
Por otro lado, en referencia a la internación de discapacitados mentales, una magistrada de Portugal destacó que “la privación de la libertad debe ser la última instancia. Hoy la psiquiatría ofrece tratamientos sin necesidad de recurrir a la internación”. Finalmente, el vice secretario general del Tribunal Constitucional de España señaló que a pesar de que todos los países iberoamericanos contemplan en sus constituciones el principio de reinserción social, éste no siempre se cumple en la práctica.
Los derechos humanos del pueblo Mapuche
La Asociación Americana de Juristas (AAJ)y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentarán el próximo lunes 23 a las 18.30 el informe de la misión internacional realizada en enero pasado en Chile sobre la situación de los Derechos Humanos del pueblo mapuche en su territorio. La presentación estará a cargo de Ernesto Moreau, presidente de la rama Argentina AAJ; Raúl Prytula, presidente de APDH del Bolsón y Claudia Rocca, secretaria de la rama Argentina AAJ. Por su parte, estará como moderadora Maria Elena Barbagelatta, secretaria de Derechos de los Pueblos Originarios y Vicepresidenta 2° del A.P.D.H. El objetivo de la misión fue investigar in situ las denuncias sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos de ese pueblo. En aquella oportunidad se recogieron testimonios y se realizaron visitas a cárceles donde están detenidos los presos mapuche, además de recorrer las zonas militarizadas y entrevistar a Patricia Troncoso "La Chepa" y a otros líderes mapuche. Desde la AAJ adelantaron que el informe articula los marcos legales chilenos e internacionales y analiza soluciones políticas, institucionales y jurisdiccionales. El lugar de la presentación será la sede porteña de APDH, ubicada en Callao 569.
Ejercía la prostitución en Brasil
El juez de menores brasileño, Roberto Laux Juniors, con intervención del cónsul argentino en Uruguayana, César Speroni y del juez de instrucción de Oberá, Juan Carlos Cantero, resolvieron repatriar a una chica de 15 años ciudadana de la provincia argentina de Misiones. La adolescente estaba indocumentada cuando fue detenida en un operativo en la localidad brasileña de Crissiumal, en el estado de Río Grande Do Sul, junto a otras mujeres que ejercían la prostitución. Sus padres nunca la denunciaron como desaparecida y ahora se niegan a recibirla. Desde el 2007 al menos 550 chicas desaparecieron por ser víctimas de las organizaciones ilegales de trata de blancas.