“La propia existencia del asesor de menores que ahora la ley del Ministerio Público Nacional le denomina eufemísticamente Defensor de Menores, no es tal, porque no es de parte o sea que sigue siendo un asesor del juez al que se le remozó el nombre y se le pone defensor”, sostuvo Laura Musa, Asesora General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien fue una de las invitadas para debatir el tema.
En el encuentro plenario de comisiones, la presidenta de Legislación Penal, diputada Nora César, acordó con la exposición de los especialistas. “Me da placer escucharlos porque van a contramano de lo que vino proponiendo Blumberg en su momento, que es el endurecimiento de las penas”, expresó la legisladora.
La iniciativa -que impulsan los diputados de Frente Para la Victoria y el ARI Autónomo- reclama, entre otros puntos, la derogación de los incisos b) y c) del artículo 55 de la ley 24.946 de Ministerio Público Nacional, que permiten al Defensor de Menores e Incapaces “promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia” y “dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces”.
“La figura del asesor de menores es inconstitucional, tiene competencias jurisdiccionales que no debe tener porque son propias del juez. Toma medidas asesorándolo, pero directamente las puede tomar en casos de urgencia”, afirmó Musa al observar que de ese modo “la internación y separación del núcleo familiar, no pueden ser sujetos a un debido proceso con la emergencia que se requiere”.
Otro de los temas que surgió dentro del debate es la posición de esta figura dentro del “debido proceso” judicial. Para la Asesora General, “no existe en el derecho moderno, ni tiene andamiento de ninguna manera, porque precisamente si hay abogado de parte, no debe haber asesor de menores”.
Entre los fundamentos del proyecto, los firmantes sostienen la imparcialidad del Defensor de Menores porque representa los "intereses" del menor a la vez que cumple con la función tutelar propia del Patronato del Estado”.
El segundo invitado a la reunión fue el asesor de menores de San Isidro Carlos Bigalli, quien propuso además que se modificarán los artículos 412, 413 y 441 del Código Procesal Penal de Nación y los primeros tres de la ley penal de minoridad 22.278, para que no quedaran “incongruencias que se visualizarían si no suprimimos algunos de estos artículos”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Luis Cigogna.
“El derecho que se protege es el de sacarlo de la calle pero a través de un mecanismo que tiene todas las características de una acción punitiva, porque se lo priva de su libertad sin oírlo y sin que tenga un abogado defensor”, dijo Cigogna. “Debe ser removida toda rémora de esta pretensión paternalista que en realidad los coloca en una situación de absoluta indefensión”, agregó.
En conclusión, Musa opinó que “le parece excelente que el Congreso haya tomado entre los ítems para discutir la condición jurídica de la infancia como tema prioritario”. Además sostuvo que “es necesario que avance la derogación de la ley penal de la minoridad que es un decreto de la dictadura, que hace suya la Ley de Patronato que este Congreso derogó hace tres años”.