Desde las entidades las entidades gremiales agropecuarias sostienen que la resolución 125 sigue vigente porque el Senado rechazó un proyecto que señala que la decisión del Parlamento es “sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas”.
Luego de los festejos y con el ánimo más sereno, desde el campo toman con cautela el alcance de la decisión del Senado y ahora esperan que el Gobierno de Cristina Kirchner se pronuncie al respeto.
Sus expectativas están puestas en el Poder Ejecutivo derogue o suspenda la resolución 125 y envíe al Congreso un nuevo proyecto.
Pero hasta que eso no ocurra las entidades agropecuarias piensan en la Justicia. “No descartamos seguir la vía judicial”, le dijo a Diariojudicial.com el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza.
“La resolución 125 está vigente y habrá que esperar si se deroga. Sino habrá que presentar algún tipo de recurso en la Justicia”, coincidió el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile. “Hay que esperar para ver cual es la reacción del Poder Ejecutivo”, aseguró Ricardo Dagotto, abogado de la Federación Agraria Argentina.
“El compromiso de la presidenta era derogar la resolución”, recordó Buryaile.
La entidad más avanzada en materia de presentaciones judiciales es CARBAP, el resto espera una decisión del Gobierno. Confederación de Asociaciones Rurales trabaja desde que el Gobierno envió el proyecto al Congreso en una acción declarativa de inconstitucionalidad. “Vamos a reunirnos el martes que viene con los abogados para analizar qué hacer”, adelantó Apaolaza.
CARBAP ya presentó dos acciones en la Justicia. La primera fue ante Defensa de la Competencia de la Secretaría de Comercio contra las exportaciones de trigo, pero fue rechazada. Y la segunda en el fuero Contencioso Administrativo Federal por la inconstitucionalidad de las medidas de intervención al mercado de carne y que se está tramitando.
Federación Agraria pensó en la vía judicial a medida que el conflicto avanzaba aunque al principio era renuente a judicializar el tema. “Antes que el proyecto llegue al Congreso evaluamos la posibilidad de que los productores vayan a la Justicia. Después con el avance de las medidas de fuerza creímos que la búsqueda de la inconstitucional era un elemento más”, explicó el abogado de la entidad.
Otro letrado que trabaja cerca de los dirigentes del campo, que pidió respetar el off the record, reconoció que no esperan que el proyecto sea rechazado en el Senado. Y aventuró que si la resolución 125 no es derogada por la Presidenta “el lunes hay una avalancha de acciones”.