Brevatas

La custodia de Corres deberá dar explicaciones

El magistrado subrogante Eduardo Tentoni, en reemplazo del juez Federal Alcindo Alvarez Canale, será el encargado de analizar la causa por la fuga del ex teniente coronel del Ejército, Julián Corres, que se desempeñó en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita", ubicado en el Comando en V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca durante la última dictadura militar. Según fuentes judiciales, el magistrado llamará a los dos policías detenidos y que desempeñaban sus funciones en la delegación de Bahía Blanca, para que presten testimonio en el marco de la investigación. Los efectivos involucrados, son el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Carvajal, quienes estuvieron de guardia cuando Corres se escapó de la delegación de la Policía Federal. Debido a la fuga del ex militar, 11 policías fueron relevados de sus cargos.

Cuando la causa es insuficiente, hay resarcimiento

El Banco Central deberá indemnizar a un ex gerente de la entidad, que fue despedido por haberse tomado vacaciones sin solicitarlas previamente. Los miembros de la Sala Sexta de la Cámara Laboral, resolvieron a favor del empleado a raíz de que se demostró el sistema de oralidad e informalidad admitido por el banco para establecer el goce de vacaciones de personal de categorías gerenciales. A su vez, cuestionaron “la decisión de despedir a un agente luego de intimarlo por única vez para retomar tareas, teniendo en cuenta el cargo de gerente y la antigüedad de 32 años en la institución, sin antecedentes disciplinarios". Por último, enfatizaron que la entidad intimó al empleado a retomar tareas bajo apercibimiento de abandono, luego de confirmar que no era posible ubicarlo telefónicamente y en los lugares habituales, conducta que ya en primera instancia se había vinculado con la violación al deber de buena fe.

Volvió a ser indagada una mujer detenida en la causa de los pasaportes falsos

Una de las 14 personas detenidas en la casua que investiga la falsificación de pasaportes italianos para futbolistas argentinos volvió a ser indaga este lunes. Se trata de la gestora María Elena Tedaldi quien aseguró que tramitaba los pasaportes en otro consulado de Italia que no tenía jurisdicción porque en el de Buenos Aires demoraban cerca de ocho meses. La mujer también sostuvo que las irregularidades pudieron haber sido producto de los cambios de domicilio de quienes solicitaban los pasaportes. La causa está en manos del juez federal Norberto Oyarbide que este lunes regresó al país luego de una semana en Italia en busca de más imformación para la causa.

Admiten recurso en contra de la denegatoria de excarcelación de Cavallo

La Sala II de la Cámara de Casación Penal le concedió un "recurso de casación" a la defensa del represor Ricardo Miguel Cavallo contra la decisión que confirmaba la denegatoria de la excarcelación "bajo ningún tipo de caución". Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun admitieron que el Máximo Tribunal en materia penal se expida, ya que el recurso cumple con los requisitos que exige la ley y se dirige contra una sentencia comprable con una definitiva. Para los jueces el fallo limitaba la libertad del imputado con anterioridad al fallo final. El 7 de este mes Cavallo sufrió su quinto procesamiento y un embargo de 431 millones de pesos, esta vez por el secuestro y la aplicación de tormentos a 292 prisioneros, siete de los cuales fallecieron, que se hallaban ilegalmente cautivos en la ESMA. La medida la tomó el juez federal Sergio Torres, en el marco de la "megacausa ESMA".

Bush aprobó la sentencia de pena de muerte para un soldado

Después de más de medio siglo, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ratificó la pena de muerte para un miembro de las fuerzas armadas. Se trata de un soldado del Ejército, Ronald Gray, declarado culpable de los asesinatos y violaciones cuando se encontraba en las instalaciones del Ejército en Fort Bragg (Carolina del Norte), 20 años atrás. Aún no se ha fijado la fecha de la ejecución. En los tribunales civiles el soldado se inculpó por dos asesinatos y cinco violaciones y fue condenado a tres y cinco cadenas perpetuas. Luego, en abril de 1988, una corte marcial le dictó la pena capital, pero para aplicarla debía esperarse, a diferencia los tribunales civiles, que el presidente apruebe la sentencia, ya que se trata de una ejecución de un militar. La última vez que un presidente dio un visto bueno hacia la medida más grave sobre un agente de las fuerzas armadas fue en 1957 cuando Dwight Eisenhower aprobó la pena de muerte para John Bennet, culpable de violación y del intento de asesinato de una niña austríaca de 11 años.

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