La violencia familiar está en constante escalada en el noroeste argentino y la judicialización de los conflictos es un tema que preocupa a los poderes judiciales de la zona. Por eso, este fin de semana la Junta Permanente de Cortes y Tribunales Superiores del NOA se reunió en Salta para tratar aspectos vinculados a esta problemática social y pidieron la realización de políticas públicas coordinadas entre los poderes del Estado para proteger a las víctimas.
En ese sentido, los jueces de los máximos tribunales de Salta, Tucumán y Santiago del Estero requirieron a los magistrados de los fueros de Familia que estén “comprometidos” y dispuestos “a ejercitar su imperio a los fines del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en protección de la víctima” de los casos de violencia familiar.
Además, los representantes de los Tribunales Superiores remarcaron la necesidad de garantizarles a las víctimas el asesoramiento jurídico necesario, mientras que instaron a la utilización de la mediación, en los casos que no constituyen delitos, para evitar así la judicialización del conflicto.
Para ello, los magistrados también le pidieron a los poderes ejecutivos de sus respectivas provincias trabajar en la prevención de la violencia familiar con la inclusión de personal especializado en las áreas de educación, salud y acción social. Y en ese ámbito, los TSJ sugirieron la creación de equipos interdisciplinarios (psicólogo, asistente social, médico y abogado) para que se encarguen de la contención y asistencia integral de las víctimas y de la orientación sobre el modo de afrontar y solucionar la problemática.
En la esfera judicial, la idea es que esos equipos interdisciplinarios cumplan un rol de asistencia para que los magistrados puedan garantizar el cumplimiento y seguimiento de las medidas dispuestas en los procesos de violencia familiar.
Por otra parte, el documento aprobado el sábado en Rosario de la Frontera, Salta, también hace hincapié en la necesidad de contar con personal policial especialmente capacitado en el tema, ya que la Policía es en la mayoría de los casos el primer actor del Estado que interviene.
El debate sobre la problemática se produjo entre el viernes y sábado último y el encuentro fue encabezado por la vicepresidenta de la Corte de Justicia de Salta, María Cristina Garros Martínez, quien además es titular de la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del NOA. También participaron Guillermo Catalana (juez de la Corte de Salta; Eduardo Llugdar (vocal del TSJ de Santiago del Estero); Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Estofán (miembros de la Corte de Tucumán). En tanto que no tuvieron representantes las cabezas judiciales de Catamarca y Jujuy, a quienes se los llamó a acompañar el documento final.
Además de los representantes de los TSJ, este fin de semana también participaron varios magistrados de primera instancia del fuero de Familia. Como Víctor Soria (Salta); Marta Maturana de Haddad (Salta); Adriana Martorell de Milia (Salta); Daniel Canavoso (Salta); María Vargas (Salta); Cristina del Valle Barberá (Salta); Leonardo Araníbar (Salta); Nilda del Valle Tamer (Santiago del Estero); Sylvia García Zavalía (Tucumán); Carlos Torino (Tucumán); Sara Valverde (Tucumán) y María Elisa Villafañe (Tucumán).
Antes de fin de año, la Junta de Cortes del NOA tiene previsto realizar otra reunión para debatir acerca de la situación del fuero Penal en las distintas provincias. En el anterior encuentro, llevado a cabo en abril último en Tucumán, los jueces incluyeron en la agenda la creación de un sistema de coordinación de las escuelas de capacitación de los poderes judiciales del NOA para la realización de talleres de gestión judicial.
dju / dju
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