Lo aberrante de los hechos conocidos como el múltiple crimen de Campana y las enormes repercusiones mediáticas del caso, pusieron al juez Nicolás Schiavo entre las cuerdas por ser el que autorizó la prisión domiciliaria monitoreada de uno de los principales sospechosos del episodio. Este martes ya tomó curso un pedido de juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura bonaerense y el mismo fue cuestionado por la Red de Jueces Penales de la Provincia, desde donde consideran que no hubo un análisis “a fondo” de la situación.
“No hay un análisis de la situación a fondo, éstas reacciones son generadas desde el sentimiento de los hechos, pero hay que ponerse en la situación del magistrado en el momento en que dictó la resolución”, sostuvo Pedro Rodríguez, vicepresidente de Red que a mediados de julio lanzó un fuerte cuestionamiento a la reforma penal impulsada desde el gobierno de Daniel Scioli.
El juicio político contra Schiavo fue instado por el diputado oficialista Guido Lorenzino, quien pidió que el juez de Garantías de San Martín sea investigado por morigerar la prisión preventiva de Angel Fernández, quien estaba siendo procesado por hurto y tenencia ilegal de arma y contaba con el antecedente de una condena a 25 años de prisión por violación, robo y homicidio. Lo que el Consejo deberá analizar es si el magistrado actuó de forma incompetente, negligente, actuó con parcialidad o faltó a alguno de sus deberes de funcionario.
“En el caso, el juez utilizo un recurso legal que tenia disponible y que a su vez tenía una vía recursiva para ser impugnado”, sostuvo Pedro Rodríguez, que si bien reconoció que Schiavo debió valorar el prontuario de Fernández remarcó que “los antecedentes los tuvo tanto el juez como la fiscalía”, por lo que el Ministerio Público pudo haber pedido la revisión de la decisión.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Lami, no consideró una “mala noticia” el pedido de juicio político y sostuvo que será el “ámbito idóneo” para que Schiavo pueda demostrar que su decisión fue conforme a la ley.
“No tiene que ser un fantasma el juicio político, los jueces no podemos ser cerrados en esto, debemos estar proclives a estas situaciones”, expresó Lami, que agregó que el proceso va a ser una “garantía” para Schiavo si se hace de acuerdo a las reglas del debido proceso. Diariojudicial.com intentó comunicarse con el magistrado, pero su mujer dijo que “por ahora no hará más declaraciones”.
Scioli adelanta cambios procesales en materia de morigeración de la libertad En otro aspecto más de las repercusiones del trágico crimen de Campana, el gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, anunció que presentará un proyecto para modificar el Código de Procedimiento Penal bonaerense con el fin de evitar las excarcelaciones y también para limitar el uso de pulseras electrónicas para monitorear a los presos beneficiados con el arresto domiciliario.
Estos cambios tampoco fueron bien recibidos desde la Red de Jueces Penales. Para su vicepresidente, “los problemas de seguridad no se resuelven con reformas, sino con políticas sociales, que son las realmente preventivas”.
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