La presentación de los fiscales, que fue remitida ante el juez Norberto Oyarbide, también alcanza al ex ministro Ramón Mestre, al ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, al ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov y al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
En ese sentido, Freiler y Delgado aseveran que “es inexcusable la responsabilidad política y penal de los imputados en los aberrantes hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, donde se reprimió brutalmente a los ciudadanos que ejercían el derecho de peticionar al amparo del artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Además, remarcaron que se “pretendió justificar la violencia” a partir de un estado de sitio al que calificaron de “anómalo” .
Para Freiler y Delgado, “el Poder Ejecutivo Nacional se extralimitó en sus actuaciones”, ya que consideraron que “prácticamente se suspendieron las garantìas individuales menoscabando los derechos que acuerda la Ley Fundamental de los ciudadanos”.
Asimismo, alertaron que la declaración del estado de sitio “se utilizó como pretexto para llevar a cabo una feroz represión y se violento el Estado de Derecho en vez de usarlo para preservar la vigencia de la Carta Magna”.
En tanto, subrayaron que la actividad del PEN podría “comprometer la responsabilidad internacional de la Argentina” ya que según los fiscales la actividad del Estado argentino para reprimir las distintas manifestaciones que se sucedieron ayer en toda la capital violó la “Convención Americana de Derechos Humanos” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, los que están incorporados a la Constitución Nacional.
“La lacerante sensación de impunidad con que se llevó a cabo la represión indiscriminada de ciudadanos, militantes, niños, ancianos y transeúntes exige la reacción integral del Estado de Derecho en aras de investigar las responsabilidades emergentes de los eventos y el castigo de los responsables”, concluyeron.
Por su parte, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers iniciaron una investigación complementaria de la que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría, dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que reclamaron a la magistrada, copia de lo actuado hasta el momento con relación a los hechos desencadenados el jueves, y que culminaron con seis personas muertas y la renuncia del presidente Fernando de De la Rúa.
Ambos funcionarios hacen referencia a los actos de violencia ocurridos en distintos puntos de la ciudad, “principalmente en los alrededores de la Plaza de mayo, Plaza de la República y la Plaza de los Dos Congresos, motivados básicamente en las condiciones derivadas del dictado del estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con el lamentablemente producido de muertos y heridos“.
Cabe consignar que hasta el momento se ha identificado a tres de las seis personas muertas durante los incidentes. Se trata de Alberto Márquez , Diego Lamagna y Marcelo Riva, en tanto los otros tres figuran como NN.
Se solicitó también a Servini que libre oficio a los jefes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio de Inteligencia, Policía Aeronáutica, Policía Aduanera, así como al funcionario que tenga a su cargo el Comité de Seguridad Nacional, comunicándoles “la necesidad de que presten la colaboración que las circunstancias merecen” y para que acerquen “todas las pruebas, documentación y datos que posean respecto a los hechos” investigados.
Por otra parte, solicitaron que a través del COMFER se requiera a la población para que aporte “toda información útil para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las personas involucradas”.