“El principal problema es la falta de armonización entre las distintas provincias de los estándares mínimos en materia legal ambiental”, sostuvo Vega, al observar la desintegración que existe entre los sectores, cuando se trata de proteger al ecosistema.
Entre el conflicto que genera desde el 2006 la instalación de las plantas de celulosa – Botnia y Ence - en el país uruguayo a la vera del río limítrofe con la ciudad argentina de Gualeguaychú y los incendios producidos en el delta del río Paraná a principios del 2008, que terminaron con la detención de algunos productores agropecuarios y denuncias hacia la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, las políticas y las leyes referentes a esta materia vuelven a encandecer el Congreso.
Los proyectos referidos a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) esperan ser tratados tanto en el Senado como en Diputados. Si bien en cada una se hallan proyectos que ya fueron aprobados previamente por cada recinto, el contenido es el mismo.
Por un lado, la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente tratará en su próxima reunión la iniciativa que fue admitida desde la Cámara Alta y lleva la firma del senador José Juan Bautista Pampuro. Por otro lado, en el Senado la iniciativa de la diputada Mabel Hilda Müller.
Ambas propuestas, se refieren a “los presupuestos mínimos de protección que deberá contener el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), a realizarse como requisito previo a la ejecución de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa”, explican sus autores.
Uno de los aspectos destacables de estor proyectos es que toman en cuenta cómo podría afectar esa actividad a nivel cualitativo y cuantitativo. “El Estudio del Impacto Ambiental constituye un conjunto documental que, contemplando las variables ambientales, sociales, culturales y económicas, analiza y pondera, sistemáticamente, las consecuencias ambientales de la implementación de una obra o actividad proyectada”, reza la iniciativa firmada por Pampuro.Entre las obras y actividades que deben realizar estudio del impacto ambiental (EsIA), la iniciativa de la autoría de Müller explica que entre ellas se enconaría la planta industrial para la producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas similares. En consecuencia, las fábricas instaladas al otro lado del río Uruguay entrarían en el ojo de la regulación.
Tomando como denomina Vega, “caso testigo”, a la pastera Botnia, las iniciativas prevén las acciones legales a realizar cuando el daño se genere desde otro país pero afecta a la Argentina. “Cuando los impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de Revisión del Estudio de Impacto Ambiental (REIA) a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la que, a través del organismo que corresponda y actuando en conjunto con la autoridad competente de la jurisdicción en que se ejecutará el proyecto, pondrá el Estudio del Impacto Ambiental (ESIA) a disposición de los países involucrados”, explica el proyecto del Senado.
En relación a la instalación de esta planta, el vicepresidente segundo de la Comisión de Recursos Naturales, aseguró que mientras que “nuestro país y los demás integrantes del Mercosur no tengan políticas común ambientales con reglas legales no contaminantes como las que tienen fijadas los países de la Unión Europea (UE), estaremos condenados a ser el reservorio de todas las industrias que en ese continente no se han podido instalar”.
En consonancia con esta situación el diputado puso sobre la mesa uno de los factores que producen esta situación. En octubre del 2007 venció la resolución 9661 de la UE la cual le otorgaba 10 años a las industrias más contaminantes - entre ellas, la de fabricación de celulosa en base a astillas de papel – para adecuarse a las reglas altamente estrictas que establecía dicha normativa.
Ante la falta de legalidad para que ese tipo de manufactureras se instalara en el viejo continente, Argentina, o mejor dicho, el río de la Plata, sonó como una de las mejores lugares para asentarse: “agua dulce, recursos humanos y flexibilidad ambiental”.
En relación al conflicto que aconteció por el incendio de los pastizales en el delta del río Paraná, en la comisión de la Cámara Baja, también espera ser tratado el proyecto aprobado en el Senado y elaborado por Daniel Filmus. Dicha iniciativa establecería “los presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional”.
Entre los elementos más destacados que contiene su idea, quedaría “prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente” y además, “para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas”.
Este y otros temas serán tratados en el curso de Medio Ambiente que comienza el próximo 13 de agosto, bajo la modalidad de educación a distancia. El mismo está a cargo de María Paula Morelli y tiene una duración de dos meses. Para inscribirse o hacer consultas se puede llamar a los teléfonos 4553-6775 / 5256-7811 o enviar un mail a cursos@diariojudicial.com. El programa completo del curso está disponible en nuestro sitio.