El conflicto venía gestándose hace más de 30 años, debido a que la localidad afectada no contaba con una destiladora de aguas, por lo que se generaba una gran contaminación ambiental y pública que afectaba a toda la zona. Esto generó que un habitante haya denunciado el caso en 2006. Dos años después y en pleno verano español, un juez obligó a toda la población a no usar los saneamientos, provocando que los mismos no cuenten con sus necesidades básicas.
La resolución dictada por el magistrado, coincide con la línea defendida por la delegación de Medio Ambiente y la delegación de Salud de la región, que ya habían comunicado al municipio, que los vertidos ponen en peligro la salud ambiental y pública.
En respuesta a esto, y mientras se arbitra una solución definitiva, los responsables han pedido ayuda para adoptar alguna medida excepcional. Esto llevó a que se comenzaran a realizar gestiones para instalar una depuradora, aunque se calcula que pasarían 18 meses antes de que estuviera operativa.
Por su parte, los funcionarios integrantes del Municipio, expresaron su intención de contestar al requerimiento del Juzgado, el cual había ordenado el cese inmediato de los vertidos de aguas residuales a las acequias de la localidad. En su manifestación, explicaron que ya presentaron una medida alternativa para solucionar el asunto mientras se construye una depuradora, pero que "no tiene los medios económicos para desarrollarla."
El mencionado plan, que se aplicaría como un remiendo temporal, pasaría por hacer canalizaciones paralelas a los canales perjudicados por los fluviales vertidos, de manera que las aguas limpias y las fecales discurran por separado.
El dilema que se generó luego del fallo, responde a que harán los vecinos en el transcurso de los “días de sequía”, y si durante este tiempo donde se ven privados incluso de lavar la vajilla o usar el inodoro, no se incrementarán los olores, los problemas medioambientales y de salud pública en toda la zona.