05 de Noviembre de 2024
Edición 7085 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 06/11/2024

Las extradiciones de militares, en manos de la Justicia

Así lo adelantó el nuevo Secretario de Justicia, Alberto Zuppi, quien sostuvo que Argentina cumplirá con los tratados constitucionales y, por lo tanto, con la extraterritorialidad.

 
El Poder Ejecutivo dejará en manos de la Justicia las decisiones sobre la extradición de los acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y derogará el decreto por el cual el ex presidente Fernando De la Rúa fijó la doctrina de no colaboración internacional, tal como lo afirmó hoy el recién asumido secretario de Justicia, Alberto Zuppi.

“Un sello de este Gobierno es no permitir la impunidad. La Argentina es defensora de la extraterritorialidad y ha ratificado tratados donde la jurisdicción universal está en vigor”, sostuvo tajantemente Zuppi en declaraciones radiales, al ubicarse en una postura radicalmente opuesta en la materia a la anterior administración.

Quien de esta manera se transformó en “ex” abogado de Memoria Activa en el juicio por el atentado contra la AMIA precisó que ante los numerosos requerimientos de extradición –sobre todo europeos-, la política será la de “entregar a los acusados o juzgarlos acá”, al tiempo que sostuvo que esa decisión “la tomarán los jueces”.

Como lo informó Diariojudicial.com, el gobierno delarruista cedió tres días antes de dejar el poder a presiones de las cúpulas militares y a través de un decreto que modificó la ley de cooperación en materia penal pretendió fijar una doctrina que tranquilizara al ámbito castrense, sosteniendo sin óbice el principio de territorialidad que ahora Zuppi rechaza.

“La extraterritorialidad no es una enfermedad, sino un principio que está regulado y hace funcionar la jurisdicción del Estado en base a una serie de principios y de movimientos”, explicó el secretario que reemplazará a Jorge De la Rúa al menos durante el gobierno interino de Adolfo Rodríguez Saá, de quien fue abogado defensor.

Ese decreto “tenía como misión establecer la doctrina oficial para que fuera aprendida de memoria por los jueces y funcionarios y la recitaran. Es un tema que hay que corregir; son los jueces quienes tienen que resolver estas cuestiones”, sostuvo el funcionario.

“Hay un principio de derecho internacional que es entregar o juzgar. Si no estamos dispuestos a entregar a las personas requeridas, tenemos la obligación internacional de juzgarlas; es un principio obligatorio, lo hemos aceptado pero no lo llevamos a la práctica, de modo que son temas que hay que poner en movimiento”, explicó, sin perjuicio de que aclaró que la decisión quedará en manos de la Justicia a pesar de las facultades que en ese sentido tiene el Ejecutivo a través de la Cancillería.



l.h. / dju
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