Dato explicó que esta iniciativa “viene a sumir la diferencia tecnológica con la ley 22.172 de formato papel, que es con la que estamos trabajando”. Para la aplicación de esta propuesta se instrumentaría la firma digital y el documento en el mismo formato, conforme a la ley 25.506 (Firma Digital).
“En el caso que la verificación de la firma digital registre alteración, la comunicación será nula, de nulidad absoluta. Sin perjuicio de que se abran otras instancias para investigar la alteración en forma independiente del expediente original”, explican los autores del proyecto.
La propuesta traería aparejada la creación del Instituto Certificador Judicial Licenciado, que estará integrado por representantes de los Poderes Judiciales de las Provincias y de la Nación y del Ministerio Público, en la proporción que indique la reglamentación.Por su parte, el Jefe de Gabinete sería el encargado de elevar el proyecto de reglamentación a los noventa días de que fuera promulgada la iniciativa, asignará las partidas presupuestarias para llevar a cabo el proceso y para su funcionamiento.
Entre los antecedentes de la propuesta, en septiembre del 2001 se había celebrado el Convenio de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, “el cual surgió de la necesidad de agilizar la comunicación entre organismos judiciales y ministerios públicos de distinta jurisdicción territorial”, en el nuevo formato. Al acontecer a los pocos meses la denominada “crisis del 2001”, esta circunstancia desincentivó la puesta en marcha del proceso.
Sin embargo, la sanción posterior de la ley Firma Digital junto con el paso de los años desde que se comenzó a implementar el citado Convenio, muestra un escenario donde “consideran absolutamente necesario la aprobación” de este proyecto. La idea de colocar el sistema electrónico a nivel nacional ya se comenzado a instrumentar tanto desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación como desde algunas provincias.
A principios de este el Máximo Tribunal anunció el Plan de Informatización y Gestión del Poder Judicial que contará con un Data Center o Sala Cofre, que será el núcleo informático que va atener el poder judicial. En la inauguración de la primera jornada técnica, el presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Candioti, dijo en aquel entonces que “se va a trabajar en la búsqueda del expediente electrónico y se podrán iniciar demandas judiciales por vía informática”.
Marcelo Gallo Tagle, miembro del equipo que está llevando a la iniciativa informó que “están trabajando con el desarrollo de los pliegos para llamar a licitación en los distintos rubros para que participen las empresas tanto en este aspecto como en el diseño del plan”. Además agregó que si bien por el momento “la primera parte del proyecto se aplicaría sobre los juzgados federales y nacionales, se hizo participar los integrantes de los juzgados provinciales para que sea extensivo a las provincias también”.
En la justicia de menores, las base de datos electrónica que comprende los expedientes de los diferentes chicos de todo el país ya comenzó a funcionar en los juzgados de primera instancia.
El juez del Tribunal Oral Nº3 , Horacio Barberis, sostuvo que este sistema agilizaría las causas ya que “advertían con bastante y alarmante frecuencia las dobles intervenciones y a veces más todavía, de distintos jueces y no tenían cruce de información. Entonces aparecía un chico con una causa en un Juzgado y por ahí ignoraban que a su vez el chico tenía una fuga de Tucumán y que había cometido un delito en el Gran Buenos Aires”.
Según lo que contó, “se accedería con una clave que obviamente sólo la pueden manejar los magistrados, en tanto que allí hay información sensible del chico, por eso hay una protección especial conforme a lo que establece Convención de los Derechos del Niño”
Por otro lado, a mediados de agosto, el gobierno anunció la puesta en marcha de la firma digital bajo la certificación de la AFIP y la Anses, que darían validez jurídica a los contratos entre las partes.
“Para nosotros es vital y de primer necesidad por lo menos entre las provincias y dentro de la red judicial provincial”, dijo con respecto a esta innovación el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleming.