Los senadores y diputados aprobaron pasar a un cuarto intermedia para dentro de siete días para elegir en esa oportunidad al ombudsman de los presos federales que tiene tendrá que ser ratificado por ambas cámaras del Parlamento.
Los tres candidatos para el cargo fueron propuestos por los bloques políticos del Congreso. Se trata del actual procurador, Francisco Mugnolo, propuesto por la UCR; la co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Silvia Martínez, propuesta por el Frente para la Victoria; y el vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Ernesto Moreau, candidato de la Coalición Cívica.
Los tres postulantes hicieron una exposición inicial de 20 minutos y luego contestaron las preguntas de los legisladores que en su mayoría correspondieron a las impugnaciones que se presentaron.
La Comisión rechazó las impugnaciones que recibieron las postulaciones de Mugnolo y Martínez porque fueron presentadas fuera de término y forma. La negativa generó enojos de integrantes de organizaciones de derechos humanos que criticaron los fundamentos de los rechazos.
Esta será la primera vez que el Congreso designe al procurador tal como marca la ley 25.875 que creó el cargo en diciembre de 2003. Desde el 2000, el ombudsman de los presos es Mugnolo.
La norma establece que el cargo es por cinco años, con opción de renovarlo por un período más. El procurador debe ser abogado y “acreditar experiencia en la defensa de los derechos humanos y en el ámbito del Derecho de Ejecución Penal”, establece uno de los incisos del artículo cuarto de la ley.
La Comisión Bicameral aprobó un reglamento para designar al procurador que previó la postulación de candidatos por parte de los bloques parlamentarios, la presentación de apoyos y observaciones y la realización de una audiencia pública.
La propia comisión emitirá un dictamen con uno de los candidatos (existe la posibilidad que cada bloque firmen dictamenes de minoría y lleguen a los plenos de cada cámara los tres postulantes). Luego será Senadores y Diputados que deberán aprobar el nombre del nuevo procurador para lo que se necesita el voto de los dos tercios de los legisladores presentes.