“Rechazamos la masiva interposición de recusaciones que ha llevado a cabo la Procuración General porteña contra el mencionado magistrado, y manifestamos nuestra convicción de que actitudes como la impugnada, atentan directamente contra la independencia del poder judicial”, señalaron.
Además, remarcaron que “es función constitucional de la Justicia local, conocer y decidir sobre aquellas causas en las que están en juego derechos humanos de los habitantes porteños”. “El actuar judicial, lejos de violentar la organización estatal, responde a obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado argentino, y su ausencia, puede incluso llevar a la Nación toda a incurrir en responsabilidad internacional”, agregaron.
En cuanto al enfrentamiento entre Gallardo y el Gobierno porteño, aseguraron que es producto no sólo “de una discrepancia de orden personal” de este último, “sino ante todo, como un asalto a los derechos más fundamentales de cientos de miles de habitantes porteños, víctimas todos ellos, de un permanente menoscabo en sus derechos esenciales, y a quienes ahora, se les restringe el ínfimo acceso a la justicia que habían obtenido”.
Por último, hicieron un llamado a “las autoridades administrativas pertinentes” a que se respete “sin condicionamientos las instituciones porteñas”.
La carta lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CTA Capital, LADH (Liga Argentina Por Los Derechos Del Hombre), MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).
Por su parte, la Asociación de Abogados de Buenos Aires calificó como “una burda maniobra” la del Poder Ejecutivo local al recusar al magistrado, lo que “constituye una abierta violación a las normas que rigen en la materia, un ataque brutal a la independencia de los jueces, y una afrenta al sistema republicano”.
“La Asociación de Abogados de Buenos Aires repudia la acción emprendida por el ejecutivo de la ciudad, llama a sus autores a desistir de las recusaciones interpuestas, y en su caso, encarece a las instancias de grado superiores de la Justicia de la Ciudad , el perentorio rechazo de las mismas, para evitar mayores daños de los que ya se vienen generando”, concluye en su declaración.