La iniciativa aprobada el pasado jueves, contempla una base de datos genéticas de personas condenadas por delitos sexuales que funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y será de acceso exclusivo para los jueces, fiscales y defensores oficiales que investiguen delitos penales para que puedena utilizar esa información para cotejarla con las pruebas de la causa.
“Los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las investigaciones penales, especialmente, en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas”, señala la iniciativa aprobada y que fue impulsada por el gobierno bonaerense de Daniel Scioli.
El banco genético no tendrá información personal de los condenados, como su nombre y apellido, sino sólo patrones de ADN que se obtengan de pericias practicadas en los cuerpos de las víctimas de abusos o en sus pelos, sangre, uñas o del semen que se haya podido encontrar.
Por otra parte, también se aprobó la puesta en marcha del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y que funcionará en el Ministerio de Justicia provincial. Ese registro contendrá datos personales de todos los condenados por delitos sexuales que tengan sentencia firme y no figurarán aquellas personas procesadas y que tengan la causa judicial en trámite.
“El Poder Ejecutivo reglamentará el acceso a la información del registro, conjuntamente con los legisladores que trabajaron en esta problemática”, explicó el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, por lo que su puesta en marcha no será inmediata.
En el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires hay detenidas 1.600 personas detenidas por delitos sexuales sobre un total de la población carcelaria bonaerense de 26 mil internos.