Se trata de las conclusiones que organizciones no gubernamentales redactaron luego del Tercer Foro Multisectorial para la defensa de una justicia independiente y democrática que se llevó a cabo este mes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. El texto está firmado por nueve entidades, entre ellas la Red de Jueces Penales, integrada por jueces de tribunales orales bonaerenses, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de la provincia de Buenos Aires (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Las críticas apuntas a las reformas penales sancionadas durante el gobierno de Daniel Scioli que extendió el sistema de delitos por flagrancia a toda la provincia y el proyecto para crear tribunales unipersonales para delitos con penas menores a los 15 años o que involucren a funcionarios públicos. La iniciativa también establece plazos para la resolución de causas en la Cámara de Casación.
Para las entidades se busca “desmembrar los tribunales colegiados del fuero criminal –dotados de mayores garantías de pluralismo, democracia y prudencia en la adopción de decisiones y, por estas razones, más resistentes a las presiones provenientes de núcleos de poder formal e informal” y “propugnar un protocolo estandarizado de procesos de flagrancia, sin atender a la compleja y diversa causalidad que contribuye a su comisión”.
Por otra parte, indicaron que “el encierro preventivo que, a no dudarlo, generará en el corto plazo un notable incremento en la tasa de prisionizados sin condena, en las ya superpobladas cárceles bonaerenses”. En ese marco, sostuvieron que la ley 12.405 “ha provocado una irreparable catástrofe humana al incorporar al sistema carcelario más de treinta mil personas, en su mayoría, en condiciones de deplorable inhumanidad, mientras continúa difuso el límite de estricta necesidad y de mínima lesividad a la integridad personal, condición indispensable de toda restricción de derechos”.
“La oculta o explícita presión mediática y las demandas sociales que subyacen a ella, no deben permear en el recrudecimiento de restricciones a derechos fundamentales –política que ha caracterizado a la historia reciente de la Provincia de Buenos Aires en materia de legislación procesal y de ejecución penal–, sino en la búsqueda de soluciones de fondo para las personas que buscan justicia”, señala el documento.
Las entidades también criticaron el hostigamiento “a quienes dictan resoluciones que no satisfacen reclamos fundados en una imprecisa demanda pública, con directa lesión a la independencia judicial”. Y pusieron como ejemplo al juez de garantías Nicolás Schiavo, que otorgó una libertdad morigerada con pulsera electrónica a un hombre que está detenido por un homicidio ocurrido cuando tenía ese beneficio, sobre quien recayó una “pertinaz persecución mediática y política”.
Por último, el documento sostiene que los cambios se pretenden dar “sin proveer los recursos económicos y tecnológicos adecuados” y sin “la creación de nuevos organismos y el mejoramiento de la capacitación laboral”.