Los poderes judiciales de las tres provincias coinciden en que atraviesan fuertes conflictos con los gobiernos. Cada uno con sus matices y dinámicas propias pero sienten la presión política.
En Tucumán, el gobierno de José Alperovih avanza con denuncias de juicios políticos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia provincial que hicieron lugar a un amparo presentado por el Colegio de Abogados para rechazar la integración de la Comisión de la Magistratura, creada en la reforma constitucional de 2006, para que no pueda ser integrada por decreto por el Poder Ejecutivo.
“Los Jueces sólo pueden ser removidos por las causales taxtativas fijadas por la Constitución”, sostuvo JUFEJUS. “Razón por la cual motivos diferentes deben ser rechazados in limine”, pidió la Junta.
Los pedidos de juicios políticos contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia y los jueces inferiores de Corrientes. “La facultad de los poderes políticos de controlar la conducta de los jueces y el derecho de expresar opiniones al pueblo, debe ser ejercido con la responsabilidad y prudencia acorde con el respeto de la independencia judicial”, reclamó JUFEJUS.
La Junta tuvo su reunión de Comisión Directiva el viernes pasado en Córdoba durante la “Tercera Conferencia Nacional de Jueces”, encuentro organizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la JUFEJUS, entre otras entidades.
La situación en Chubut es de conflicto gremial –los jueces presentaron un amparo para obtener un aumento de sueldo– y también de enfrentamiento con la política. La destitución del procurador, Eduardo Samamé, quien acusó de su remoción al gobernador Mario Das Neves, produjo una disputa generalizada entre el oficialismo y el Poder Judicial.
Un diputado dijo que los fiscales “van a tener que poner las barbas en remojo”, en referencia a quienes habían declarado en el juicio que se le siguió al Procurador. La reacción fue inmediata y los representantes del Ministerio Público recibieron el apoyo de sus pares de varias provincias del país.
Para la JUFEJUS los hechos “comprometen el prestigio e independencia de la Magistratura” y recordó que “es deber de los poderes políticos respetar la autonomía del Poder Judicial y su facultad de fijar sus propias políticas presupuestarias y salariales”.
“Igualmente, el derecho de expresar opiniones al pueblo debe cumplirse con la responsabilidad y prudencia acorde con el respeto de la independencia judicial, que el sistema republicano exige para que sus jueces puedan ejercer, con serenidad, su cometido. Es necesario, además, preservar inexcusablemente la honorabilidad y dignidad de sus personas”, completó la Junta en la declaración que lleva la firma de su presidente, Rafael Gutiérrez, y su secretario, Luis Lozano.