A pocos días que la Legislatura de Misiones destituyera a la jueza Marta Catella, integrante del Tribunal Superior de esa provincia, y que estudiara una acusación contra el presidente de ese cuerpo, Jorge Rojas, que finalmente se terminó diluyendo, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS) acaba de emitir un comunicado donde expresa su preocupación por la sucesión de este tipo de procesos en varias provincias.
“Ante la crítica situación que afecta a los poderes judiciales de varias provincias corresponde destacar que el juicio político a los magistrados debe desarrollarse conforme a causales serias y con el respeto al debido proceso”, expresó la entidad que preside Alberto Balladini.
El mensaje no menciona el caso de Misiones ni el de Neuquén, donde a fines de diciembre fue destituido el fiscal Ricardo Mendaña, pero apunta claramente a este tipo de hechos que demuestran un claro intento del poder político de avanzar sobre la Justicia.
En Neuquén, el juicio contra el fiscal de Cámara Ricardo Mendaña finalizó el 19 de diciembre pasado con la destitución del funcionario. El fiscal había acusado al gobernador Jorge Sobisch por un caso de presunto pago de sobornos, en el que luego el mandatario resultó sobreseído.
En le caso de la juez misionera Marta Catella, el juicio comenzó por una denuncia del intendente de San Vicente, Luis Benítez,
alineado con el gobernador Carlos Rovira. Ambos procesos generaron el
rechazo unánime de todas las ONG vinculadas a la Justicia y fueron seguidos desde cerca por este medio.
“La posibilidad de destituir a un juez porque el contenido de sus decisiones judiciales vaya en desacuerdo a intereses políticos, sectoriales o sociales muchas veces manipulados, afecta la independencia de la justicia”, manifestó la Jufejus. Y agregó: “Es necesario evitar el doble discurso que declama la independencia judicial y pretende destituir al juez que actúa conforme a la ley y a su conciencia”.
Además de estos episodios puntuales, la Jufejus puso la lupa en los procesos de reformas constitucionales que se aproximan en varias provincias del interior del país. Salvo once distritos –Formosa, Río Negro, Salta, Córdoba, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Capital Federal, Buenos Aires, Chaco y La Pampa–, los restantes avanzarán en sus respectivas reformas constitucionales o tienen intenciones de hacerlo.
Ante semejante fenómeno, el organismo que preside Balladini dijo que “se hace necesario extremar el análisis” especialmente en lo que se refiere a los sistemas de enjuiciamiento político y Consejos de la Magistratura provinciales, “a fin de no afectar la estabilidad de los magistrados y la independencia de criterio como garantía fundamental para la defensa de los derechos humanos en un estado de derecho”.
dju / dju
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