Las entidades también reclamaron que la nueva ley sea discutida de manera participativa y bajo una modalidad similar al decreto 222 que sancionó el ex presidente Néstor Kirchner para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Estamos convencidos de que es necesario derogar la norma de facto 22.285 y apoyar la sanción de una nueva ley que regule los servicios de radiodifusión ya existentes y siente las bases para una gestión democrática de los medios de comunicación hacia el futuro”, sostuvieron en una declaración la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Poder Ciudadano.
Las ONGs calificaron como “imprescindible” que la nueva norma “esté inspirada en una concepción amplia de la radiodifusión y los servicios disponibles a partir de las nuevas tecnologías de la información”. Por eso resaltaron como “fundamental establecer un marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, y fije límites precisos a la concentración de la propiedad de medios”.
El Gobierno de Cristina Kirchner anunció meses atrás que se estaba estudiando un proyecto para reformar la ley de radiodifusión para lo cual se había creado una comisión para su estudio. Pero ese proyecto “aún no ha sido puesto a conocimiento del público”, reclaman las ONGs.
Las entidades no solo buscas una ley de radiodifusión sino un paquete de normas sobre información pública. “Por ejemplo, una ley nacional de acceso a la información pública; la despenalización de las figuras de calumnias e injurias cuando involucren cuestiones de interés público……….. y una normativa que regule la distribución de la pauta publicitaria oficial de modo claro, transparente y no discriminatorio, recortando la discrecionalidad en la toma de decisiones”, explican.
Por último, las entidades reclamaron que haya participación ciudadana en la discusión de los cambios. “Este proceso debe incluir diversas fases de consulta y deliberación públicas, y estar orientado hacia la búsqueda de consensos básicos”, sostienen.
Como posibilidad, propusieron un sistema similar al decreto 222 para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema cuyos candidatos son sometidos a opiniones de particulares y entidades civiles para que avalen o rechazan su nombre.