El patronato de liberados “Dr. Jorge H. Frías” fue fundado en 1918, y su finalidad es la prevención de la criminalidad y la reincidencia de aquellos que recuperan la libertad, y al mismo tiempo se encarga de supervisar el proceso de reinserción social de todos ellos.
El organismo, que recibe subsidios de la Corte Suprema de la Nación y del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, atiende aproximadamente a un total de 7.000 personas, según el último relevamiento de agosto pasado. Por esa razón, un grupo de trabajadores se congregó frente a los tribunales de Lavalle 1171, donde se desempeña el presidente del organismo, Hugo Cataldi.
“Los espacios edilicios, en los cuales desempeñamos nuestras funciones, carecen de las condiciones básicas para garantizar una atención que resguarde el derecho a la privacidad de los sujetos”, advirtió un comunicado de los empleados.
Además, denunciaron que perciben “salarios de hambre” y que a diferencia de otros trabajadores del Poder Judicial que trabajan seis horas, ellos tienen un horario de ocho horas diarias.
“Al reclamar ante nuestro empleador sobre las condiciones laborales no sólo argumentan que no cuentan con los fondos necesarios porque los subsidios que reciben serían irregulares e insuficientes sino que además se nos intimida con el posible cierre de la institución”, afirman los empleados del Patronato.
“Queremos trabajar mejor, queremos que los derechos de las personas que asistimos y los nuestros dejen de ser vulnerados, queremos seguir contribuyendo con nuestra labor profesional, a la construcción de una sociedad más justa”, resumieron los trabajadores.