04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

La Ciudad ya tiene su propia IGJ

La Legislatura porteña aprobó este jueves la creación del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto era propuesto por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, y fue aprobado gracias a los votos del PRO y la Coalición Cívica. TEXTO COMPLETO

 
Con 30 votos positivos y 15 negativos, la Legislatura porteña le dio el visto bueno al proyecto, que ya contaba con despacho de mayoría de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. El nuevo organismo, que funcionará como una alternativa a la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional, tendrá la facultad de fiscalizar sociedades comerciales, asociaciones civiles y aquellas fundaciones que presenten domicilio legal en el ámbito de la Ciudad.

También aquellas sociedades constituidas en el extranjero que tengan sucursales o representación en la Capital Federal, y se exceptúan las sociedades sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.

Según los fundamentos de la ley, el nuevo organismo permitirá “evitar la superposición de órganos y trámites para el cumplimento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reformas y variaciones de capital de las sociedades comerciales, así como de las demás funciones registrales referidas a los comerciantes individuales y auxiliares de comercio, sus actos y documentos y las entidades de bien público”.

El organismo estará dirigido por un director y un subdirector, y el personal será de carácter técnico, con conocimientos en la materia registral asociativa y societaria.

Según el texto de la norma aprobada, el Registro tendrá la facultad de “requerir información y todo documento que estime necesario”, “realizar investigaciones e inspecciones, a cuyo efecto podrá examinar los libros y documentos de las sociedades”, “recibir y sustanciar denuncias de los interesados que promuevan el ejercicio de sus funciones de fiscalización”, entre otras funciones.

También tendrá la posibilidad de “formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando los hechos en que conociera puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública”, y al mismo tiempo “solicitar en forma directa a los agentes fiscales el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes, en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones”.

Entre sus funciones administrativas, podrá brindar asesoramiento a los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo relacionado con las sociedades por acciones, las asociaciones, civiles y las fundaciones. Además, podrá “realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias propias de su competencia, organizar cursos y conferencias y promover o efectuar publicaciones, a cuyos fines podrá colaborar con otros organismos especializados”.



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