“Que la lucha contra la discriminación por razones de edad y la promoción de la dignidad de las personas adultas mayores, a través del fomento y la férrea defensa de sus derechos son fundamentales para garantizarles el respeto que merecen y construir una sociedad para todas las edades”, señala la resolución firmada por el ministro de Justicia Aníbal Fernández y publicada este martes en el Boletín Oficial.
La nueva dependencia llevará adelante tareas de promoción, difusión y capacitación para concientizar “a los diferentes actores sociales acerca de la existencia y exigibilidad de los derechos humanos de las personas adultas mayores”.
“Que aun cuando el concepto de “derechos humanos” es universal e igualitario, existen determinados grupos etarios cuya vulnerabilidad se evidencia con mayor patencia, exigiendo del Estado un compromiso superior que redunde en líneas de acción más intensas”, destaca el texto.
Y entre esos grupos se destacan las personas adultas mayores, “cuya expresión cuantitativa en la población ha sido muchas veces inversamente proporcional a su grado de incidencia en la elaboración de políticas públicas”.
La resolución 2950 del Ministerio de Justicia menciona algunos acuerdos internacionales que firmó el país (en el 2002 de Naciones Unidas y otro de la Comisión Económica para América Latina) pero no menciona ninguna ley nacional al tiempo que reconoce que “no existe actualmente un instrumento jurídicamente vinculante que estandarice y proteja los derechos de las personas adultas mayores.
El Ministerio destacó un informe que revela que en el 2007 el 10.7 por ciento de la población mundial tenía 60 años o más y se prevé que para el 2025 las personas de esa edad lleguen al 15.1 por ciento y para el 2050 21.7.
Por su parte, en Argentina las personas de más de 60 años son 5.500.000, lo que representa el 13,4 por ciento del total de la población. Mientras que para el 2010 se proyecto que el porcentaje se eleve al 15 por ciento, “transformando a la República Argentina en el segundo país más envejecido de América Latina”.
“Que el cambio demográfico operado no sólo conlleva mayores demandas de seguridad social y servicios sociales específicos para este grupo etáreo, sino también la necesidad del encarar desde el Estado Nacional un curso de acción tendiente a concientizar a los diferentes actores sociales de los derechos de las personas adultas mayores”, explica la resolución.