Las medidas fueron dispuestas por el aún secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez, mientras que el presidente continúa siendo Adolfo Rodríguez Saá, al menos hasta que la asamblea legislativa le acepte la renuncia que presentó en la noche de ayer.
Por otra parte, tanto el presidente como su gabinete deben permanecer en sus cargos hasta que se produzca el traspaso de las funciones. Una conducta contraria encuadraría en el tipo penal previsto en el artículo 252 del Código Penal (abandono del cargo), que reprime con multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año al “funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.
Dentro del Palacio de Justicia se podía observar una importante cantidad de gendarmes destacados para reforzar la seguridad de la cuestionada Corte Suprema de Justicia, que el pasado viernes debió soportar una manifestación con cacerolazos, donde dos centenares de personas encabezadas por la Asociación de Abogados Laboralistas pedían la renuncia de todo el tribunal, a pocas horas de que ratificaran la legitimidad del corralito en un acuerdo extraodinario que finalizó ya entrada la noche.
A pesar de las complejas medidas de seguridad –que también incluyeron a la habitual custodia policial-, ninguno de los ministros supremos ni los secretarios de más influencia se presentaron en el edificio, cumpliendo a rajatabla el asueto que ellos dispusieron hace algunas semanas. Ni siquiera Julio Nazareno y Eduardo Moliné O´Connor, ministros de feria.
Mientras tanto en Comodoro Py la imagen era similar. Cerca de veinte gendarmes cuidaban el edificio, al que se vio con mayores medidas de seguridad cuando el juez federal Jorge Urso dispuso la prisión preventiva del ex presidente Carlos Menem. De pantalones de jean y chalecos antibalas custodiaban un edificio donde la más activa fue la magistrada María Romilda Servini de Cubría, quien intimó al presidente Adolfo Rodríguez Saá para que se hiciera cargo del Gobierno.