Un abogado afiliado a la AFJP Orígenes hizo la presentación contra los directivos de la aseguradora acusándolos de no haber actuado en defensa de sus bienes embargados por la justicia norteamericana. La presentación la hizo el abogado Pablo Héctor Cano, ante el Juzgado Federal nro. 12, quien además pidió al juez que investigue si otras aseguradoras también omitieron actuar. El denunciante se refirió en su denuncia al embargo dispuesto en los tribunales de Nueva York sobre los fondos de las Aadministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones depositados en Estados Unidos ante el tratamiento parlamentario de una ley que podría derivar en el cambio del sistema. El denunciante consideró que la falta de defensa ante los tribunales extranjeros que han embargado fondos correspondientes a los afiliados implica una conducta absolutamente dolosa, lo que pone en riesgo el patrimonio de los afiliados.
Julián Langevin es el nuevo defensor oficial ante la Corte Suprema
Julián Langevin juró este lunes como nuevo defensor público oficial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Langevin llegó al cargo luego de un concurso público que realizó la Defensoría General de la Nación y culminó con el nombramiento por parte del Senado. La ceremonia se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y fue presidida por la defensora General, Stella Maris Martínez, ex defensora ante el Máximo Tribunal, quien le tomó juramento a Langevin. De la ceremonia participaron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y otros jueces del tribunal como Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, entre otros magistrados y defensores oficiales.
Los aportes electorales en la mira
El fiscal federal Jorge Di Lello citará a las personas que figuran en los registros del Frente para la Victoria como aportantes de fondos a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, pero que negaron haber hecho esa contribución. Los “aportantes truchos” declararán como testigos en la causa que investiga anomalías en el financiamiento de la campaña electoral. Los responsables financieros de la campaña del FpV, Hernán Diez y Sebastián Gramajo se defendieron y resaltaron que "todos los aportes fueron recibidos conforme a la ley, que exige acreditar la identidad del aportante y, en el caso de una empresa, que no sea concesionaria de obras o servicios, y luego publicarlo, como lo hizo la Junta Promotora el 1 de febrero de 2008, cuando se puso a disposición de los medios y la ciudadanía a través de un sitio de Internet toda la documentación disponible". Prometieron poner a disposición de la Justicia toda la documentación pertinente.
Acusan a un magistrado de ocultar la verdad
El juez del Superior Tribunal de San Luis Horacio Zavala Rodríguez fue denunciado por presunta "falsedad ideológica" por un diputado kirchnerista, que lo acusó de haber anotado como fecha de designación como subsecretario de Gobierno el día 23 de marzo de 1976, y no el 25 de ese mes, tal como ocurrió, cuando ya regía la última dictadura. La denuncia fue presentada por el diputado provincial Eduardo Estrada Dubor por entender que se insertó en un documento público hechos que son falsos, “con el objeto de ocultar la verdad". Además, el denunciante aseguró que "las graves violaciones a los derechos humanos, durante la dictadura militar, sólo se pudieron dar porque se acomodó todo un contexto institucional con el apoyo de distintos sectores de la comunidad, entre ellos civiles, abogados, como el caso de Horacio Zavala Rodríguez".
Una frase vale más que mil palabras
El constitucionalista Eduardo Barcesat denunció al titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, ante el fuero penal por el delito de "coacción agravada" a raíz de sus dichos de que "la consigna es desgastar a este gobierno". En su escrito, el abogado consideró que la amenaza de nuevos cortes de rutas y desabastecimiento alimentario "comporta una amenaza y un daño que compite en efectividad el alzamiento en armas". Consideró además, que esos reclamos podrían tener perfecta cabida y legitimidad en el marco de las instituciones, pero “no por vías de hecho que tienen la contundencia de poner al país al borde una situación de desabastecimiento generalizado". Por último, el denunciante pidió la intervención del fuero federal "para poner término a la situación de coacción agravada, preservado las instituciones y el deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional".