“Dicho centro deberá contar con asistencia terapéutica, talleristas, asistentes sociales, asistencia médica, y operadores con experiencia en tratamiento de adicciones”, añadió el juez, al hacer lugar a una acción de amparo formulada por la titular de la Cátedra de Trabajo Social V de la Universidad Nacional de La Plata, Marina Cappello y por Rosa Schoenfeld Bru, en su carácter de presidenta de la Asociación Civil Miguel Bru, entre otros.
Los amparistas habían hecho la presentación a raíz de un grupo de niños y niñas que viven en Plaza San Martín de esa ciudad, quienes tienen problemas “serios de adicciones” (desde el consumo de marihuana a paco), “no concurren a la escuela, al menos desde el 2007”, “se hallan sub alimentados o mal alimentados”, tienen “conflictos con la ley penal” e inclusive, algunos de ellos fueron víctimas de abuso sexual infantil.
Entre sus medidas, el juez ordenó la existencia de un servicio hospitalario para los menores “que garantice la atención” de los niños “durante las veinticuatro horas del día, con profesionales psicólogos y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psquiatras, especializados en salud mental infanto juvenil”. Asimismo, dispuso “el inmediato traslado a un Centro de Tratamiento Terapéutico –público o privado- de los niños, niñas o adolescentes que, presenten riesgos para la vida o la salud propia o de terceros”
En su descargo, el Ministerio había remarcado que ya contaban con un “Parador” como lugar de contención y hospedaje de niños en situación de calle o riesgo social. También, en relación a los chicos que viven en la Plaza San Martín, adujeron que venían trabajando en “distintas intervenciones que realizaron a partir del mes de enero de 2008, cuando la Municipalidad de La Plata suscribió el convenio de adhesión a la Ley de niñez y adolescencia”. También aseguró que tenían una línea telefónica para recibir denuncias, pero que sólo “funciona hasta las 17,00 o 18,00 horas., cuando se ha acreditado de las situaciones de emergencia, generalmente han ocurrido luego de las 20,00”.
Pero para Arias, con esas medidas “no se ha logrado aún la plena implementación” de los programas sociales, “prueba de ello es la insuficiencia de las estrategias desplegadas por las demandadas”.
“A esta altura resulta claro que sólo con buenos diseños y buenas intenciones no se logrará el pleno cumplimiento y restablecimiento de los derechos vulnerados por circunstancias socio-culturales de larga data en nuestra región, por el contrario, se requiere de la implementación efectiva y eficiente de los programas y estrategias mediante la dotación de infraestructura y recursos humanos y materiales”, advirtió el magistrado, quien calificó la situación como “de extrema gravedad”.
Justamente, ante la urgencia de la situación, indicó que la “solución no puede quedar supeditada a la existencia de mayor debate y prueba, toda vez que toda dilación, implicaría desatender los más básicos deberes, no solo de la función jurisdiccional, sino de la condición humana que ostentan los involucrados en el presente proceso”.
Los demandados –fijó el juez- “deberán instrumentar las acciones conducentes para, individualizar, prevenir, detectar y denunciar la distribución, comercialización y/o facilitación del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros productos químicos nocivos para los menores de edad en cada uno de los barrios de la ciudad de La Plata”.
Por último, dispuso ampliar el horario telefónico para recibir denuncias a 24 horas por día, la ampliación del plantel de Operadores de Calle en cantidad suficiente, y la formación de un expediente administrativo por cada niño tratado en el servicio local.
“La vigencia de los derechos del niño requiere la intervención de las instituciones estatales en complementación con el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, para promover y asegurar las condiciones de existencia dignas”, concluyó Arias, en autos “Asociación civil miguel bru y otrosc/ ministerio de desarrollo soc pcia bs as y otro/a s/ amparo".
Días atrás, el juez Arias fue el mismo que prohibió la detención de menores de edad en la vía pública con el fin de la averiguación de antecedentes, entre otros fines.