La reunión se realizó una vez terminada la sesión plenaria del Consejo que ungió a Bunge Campos como presidente –es el primer juez en ocupar la titularidad de ese organismo- y a Sanz como vicepresidente.
Al tanto de la engrosada agenda que los reunía, los consejeros se dispusieron a tratar los asuntos con la mayor celeridad para poder abarcar todos los temas.
Así, resolvieron iniciar el proceso de destitución del juez Ad Hoc de Río Gallegos Bernardino Zaffrani, acusado de participar o tener injerencia en la agresión hacia la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en mayo de 2007. El consejero Cabral aseguró que Zaffrani “tiene mucha actividad política y social” e incluso señaló que fue candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz (por el MST).
La comisión recomendó suspender e iniciar el proceso de destitución al camarista salteño José Solá Torino, acusado de pedir coimas a un narcotraficante. En cuanto a Federico Faggionato Márquez, titular del Juzgado federal de Campana -a cargo de la causa por la “ruta de la efedrina”- se resolvió la citación a declarar en el marco de la causa presentada por la Cámara de apelaciones de San Martín.
También los jueces federales de San Luis Juan Esteban Maqueda y de Chaco, Carlos Rubén Sidelsky deberán sentarse en el banquillo de los acusados por supuesto mal desempeño de su cargo.
Los consejeros acordaron desestimar la denuncia contra el titular del juzgado federal Nº 4 de Mar del Plata, Alfredo López, motorizada por el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. En plena discusión sobre las retenciones móviles a los granos, el magistrado marplantense sostuvo que se debía “poner coto” a decisiones como la resolución 125 que calificó de “irrazonable, arbitraria y atentatoria del bien común”.
Además, se desestimaron los procesos contra Liliana Fernández Rodríguez, a cargo del Juzgado del Trabajo Nº 17; contra el juez federal Hugo Gurruchaga, contra el juez comercial Jorge Sicoli, contra el juez de instrucción Mariano Scotto y contra el juez federal de Mendoza Walter Bento.
En el caso de la jueza Beatriz Estela de Aranguren, la comisión de disciplina ordenó remitir el asunto a la Cámara de Paraná porque la acusación sobre la magistrada se dio al momento en que se desenvolvía como Secretaria del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay). En ese sentido, se entendió que no corresponde al Consejo juzgarla. En tanto, el proceso contra el juez Juan Ramos Padilla pasó a plenario (en la causa “Ferruelo S. s/estafa procesal”).
Por otra parte, se postergó el tratamiento de la denuncia del ex ministro de Justicia Horacio Rosatti contra el juez federal Claudio Bonadío; el expediente contra el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo y el tratamiento del proceso contra la jueza María Gabriela Lanz -a pedido de Cabral-.
Los consejeros dejaron también para el año 2009 el proceso contra la jueza Cristina Garzón de Lascano (que prohibió la comercialización de anticonceptivos en Córdoba) presentado por la asociación civil por el derecho a decidir; contra el juez civil Miguel Prada Errecart por “medida de prueba pendiente”; contra los integrantes de la Sala Federal de Apelaciones de Salta con el argumento de “fijar un criterio conjunto” sobre todos los expedientes.
Por último se aprobó la desestimación in limine de los procesos contra la jueza comercial Norma Fernández, contra la jueza de instrucción Alicia Iermini, contra la jueza Beatriz Fontana; contra el juez civil Hornacio Maderna Etchegaray; y contra los jueces Oscar Zas y María Cristina García Margalejo.