En octubre de 2003 Apitz, Ruggeri y Rocha Contreras fueron destituidos de sus cargos por el TSJ, sin los requisitos constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que elevó el caso a la Corte, que en agosto de 2008 se pronunció a favor del reintegro de los afectados a sus respectivos cargos.
La directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic, una ONG dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos), Liliana Ortega y el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, evaluaron que con la decisión de desacatar a la CIDH “no sólo se deteriora la imagen y credibilidad (de Venezuela) en el exterior y el Tribunal Supremo de Justicia queda como uno de los más conservadores y atrasados del continente, sino que se incrementa la vulnerabilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
"La Convención establece que las sentencias de la Corte son obligatorias (...) La Sala Constitucional coloca al TSJ como uno de los tribunales más conservadores y atrasados del continente, pues mientras en Argentina, Colombia y Chile los fallos de la Corte sirven como fundamento jurídico para las resoluciones de sus tribunales, en Venezuela se desconocen", afirmó Alvarado al diario El Universal.
El director de Provea sostuvo que la resolución judicial debería tener repercusiones internacionales. "Si los Estados de Mercosur asumen con seriedad esto, deberían colocar como un obstáculo más para el ingreso de Venezuela a ese bloque regional. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son fieles en el cumplimiento de las decisiones de la Corte y Mercosur tiene convenios que obligan a sus integrantes a respetar los tratados de derechos humanos", manifestó.
En misma línea se pronunció Ortega, que se mostró confiada en que la Organización de Estados Americanos (OEA) tomará medidas, porque “de lo contrario, podría tener un efecto multiplicador en el continente”.
La directora de Cofavic también señaló que el dictamen de la Sala Constitucional es una demostración más de que Venezuela se aparta del sistema interamericano y de sus compromisos internacionales.
"Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, por ejemplo, ya no tienen ningún valor para las autoridades, colocando a las personas que han sido favorecidas por ellas en un alto grado de desprotección", afirmó Ortega y recordó que ninguna de las cuatro condenas previas de la Corte Interamericana ha sido acatada totalmente.
Además, Alvarado acusó a los cinco magistrados que adoptaron la decisión de “violar” la Constitución venezolana porque recordó que el artículo 31 de la Carta Magna de ese país establece que todas las autoridades deben acatar los mandatos de los organismos internacionales de protección de las garantías fundamentales.