El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) criticó a Justicia penal por su “absoluta incapacidad” para agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La ONG señaló que hay respuestas “a las demandas sociales de tutela judicial a las víctimas de delitos y a la vez respetar los principios y garantías que establecen la Constitución y las leyes”. INECIP coincidió con el fin de las prisiones preventivas cuando superan el plazo fijado por la ley pero calificó de “inadmisible” que “los procesos contra los autores de tan atroces crímenes se dilaten durante tantos años, sin que los fiscales y jueces se hagan cargo de su morosidad en llegar al juicio”. “No hay excusas para tamaña dilación, y la historia judicial argentina demuestra que, cuando hubo decisión, se pudo proceder con celeridad”, agregó el instituto en referencia al juicio a las Juntas Militares de 1985 que duró siete meses y tuvo un año de investigación. Por último, la ONG pidió “la urgente discusión parlamentaria de la reforma del sistema penal federal que lleve no sólo a la sanción de un Código Procesal moderno y acorde a la Constitución” y una “completa reingeniería de los Tribunales y Ministerios Públicos”.
Reeligieron al presidente de la Cámara del Crimen
La Cámara del Crimen de la Capital Federal reeligió como presidente por tercera vez consecutiva al juez Mario Filozof quien ejercerá la titularidad hasta el 31 de diciembre de 2009. El juez Filozof había sido elegido por primera vez a fines de 2006 para el período 2007 y luego resultó reelecto consecutivamente para 2008 y 2009.
Deberá publicar las variables para calcular la inflación
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó una acción de amparo de la Asociación por los Derechos Civiles para exigir información al INDEC. La Justicia ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) actualizar el Informe Metodológico 13, que incluye el mecanismo utilizado para la construcción del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque dijo que “las razones de orden político, científico, y técnico que hayan llevado al instituto a introducir variaciones (en el cálculo del IPC) no están en tela de juicio en este pleito”. Además “el organismo demandado debe incorporar tales modificaciones, con el mismo grado de detalle y precisión con que lo hizo con anterioridad, en el Informe Metodológico 13, cuyo Anexo I concretamente modificó” dice el fallo.
Imputado por haber participado en interrogatorios durante la dictadura militar
La Justicia Federal dictó el procesamiento del ex fiscal Carlos Flores Leyes a quien se le imputa haber participado de interrogatorios a presos políticos que fueron torturados en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, durante la última dictadura militar. El procesamiento, dictado por el conjuez federal Juan Antonio Piñero, es con prisión preventiva y se refiere a cuatro hechos de tormentos agravados, por los que es acusado en calidad de autor inmediato. Flores Leyes se encuentra detenido desde diciembre de 2008 tras su presentación voluntaria. El ex fiscal había estado prófugo varios días y al ser indagado negó todos los cargos en su contra afirmando inclusive que “jamás” estuvo en la Brigada de Investigaciones, según consignaron fuentes judiciales. Presos políticos que pasaron por la Brigada declararon que Flores Leyes, que en los ´70 era secretario del Juzgado Federal de Resistencia, concurrió varias veces y tomaba declaración a los detenidos que eran sometidos a todo tipo de vejámenes. Tras ser secretario de la justicia federal local, Flores Leyes fue fiscal, pero renunció el año pasado al cargo cuando parecía inminente su sometimiento a juicio político por las imputaciones relacionadas con su rol en aquellos interrogatorios durante la dictadura.
Denuncian que el Rectorado de la UNT fue estafado por $ 150.000
El rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) denunció en la Justicia Federal una extraña estafa, a raíz de la que la casa de altos estudios sufrió un perjuicio económico de unos 150 mil pesos. La última semana de diciembre, el sector administrativo de la Universidad recibió un informe de un banco que describía el movimiento de dinero realizado por la UNT durante los últimos meses. En ese resumen, se detectó que dos cheques, presuntamente pagados a becarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, habrían sido adulterados. “Son cheques en concepto de becas que otorga el Rectorado. Cada uno debería rondar los 100 pesos. Pero, al parecer, han sido adulterados en fechas, datos y montos, y se los habría depositado a nombre de otra persona”, indicó Augusto González Navarro, el abogado de la UNT. La denuncia fue realizada ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Daniel Bejas, que además estará al frente de la feria judicial durante enero. “Es una investigación que se instruirá en sede penal. No tendrá, por ahora, intervención la Facultad”, agregó González Navarro. El letrado expresó que los cheques fueron emitidos en tiempo y forma por la casa de altos estudios. “Aparentemente los adulteraron. No son gemelos. Pero esas son cosas que debe determinar la Justicia, al igual que a quiénes va a citar a declarar como testigos e imputados”, dijo el abogado de la UNT. Al igual que cada vez que se descubre una irregularidad, la Universidad pone en marcha una investigación administrativa para deslindar responsabilidades entre los empleados de la Facultad. Según trascendió, los delincuentes modificaron los importes de los dos valores, poniendo 80 mil pesos en uno y 70 mil en otros. Hoy mismo el juez Bejas ordenaría que se realicen varias medidas que consistirían en determinar quiénes fueron los que cobraron los cheques para luego someter los valores a pericias. Los cheques habrían sido cobrados a través de un clearing bancario, ya que el Rectorado se maneja con una institución financiera, y la facultad de Derecho, con otra. Bejas además llamará a declarar a quienes confeccionaron originalmente el cheque y al cajero del banco que lo pagó.