Según el matutino Crítica de la Argentina, el estudio jurídico de Bibiloni “aparece involucrado en la apelación –planteada a fines de agosto del 2008– de un fallo que condena a la empresa Diacrom (dedicada al cromado de metales en Carapachay) por contaminación en el agua de la zona norte del conurbano, ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires”.
“La causa del ‘agua turbia’ –agrega-podría afectar a más de un millón de personas en Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre”.
En su defensa, el funcionario kirchnerista explicó que “por reglas de cortesía entre abogados, le prestó su domicilio procesal a Fernando Cornejo” que es el letrado que defendió a Diacrom.
Si bien Bibiloni no era funcionario del Poder Ejecutivo en el momento su participación en la defensa de Diacrom, se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la municipalidad de La Plata y tenía experiencia en gestión ecológica: entre 2003 y 2004 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Biodiversidad y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
En diálogo con Diariojudicial.com, Alonso sostuvo: “Creo que hay que encarar una reforma a la ley de ética pública nacional (Nº 25.188, actualizada por el decreto 862/2001) y también en las provinciales” a las que calificó como “inefectivas”.
Alonso explicó que en la legislación nacional “no se estableció un período de tiempo entre el pasaje de la función privada a la función pública”. “En ese sentido –agregó- sería necesario generar un ‘tiempo intermedio’ entre esas dos situaciones”.
En su artículo 13, la ley de ética pública, sancionada durante el gobierno de Fernando De la Rúa, asegura que “es incompatible con el ejercicio de la función pública: a)dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.
Aunque Bibiloni no entra en lo prescrito por la ley, Alonso calificó a la situación en la que está envuelto el secretario de Ambiente como un “conflicto ético” aunque remarcó que “está dentro del marco de la ley”. “El conflicto de intereses es un punto difícil de controlar”, añadió la directora ejecutiva de Poder Ciudadano.
Consultada respecto de la posibilidad de que el funcionario deba presentarse ante un tribunal, Alonso descartó que haya algún tipo de citación judicial a Bibiloni excepto que se presente una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.
En ese sentido, recordó que Poder Ciudadano presentó denuncias contra el secretario de Medios, Enrique Albistur por beneficiarse de la pauta que él mismo administra a través de la empresa familiar Wall Street. La fundación también denunció a la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, ex vicejefa de la Sindicatura general de la Nación (SIGEN) y asesora del ministro por la incompatibilidad de funciones.
“Esas dos denuncias quedaron sin efecto, por lo tanto, me atrevería a decirte que esto va a quedar igual; no va a prosperar”, indicó Alonso.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención para la Criminalidad Económica (CIPCE), Pedro Biscay, sostuvo que el accionar de Bibiloni se debió en primer lugar a un “error del Poder Ejecutivo en su designación” y en segundo lugar, constituyó una “irregularidad ética”.
“Desde el punto de vista administrativo, fue un error del Poder Ejecutivo designar a un secretario de Ambiente que trabajó, directa o indirectamente, para una empresa contaminante”, opinó Biscay.
El director ejecutivo del CIPCE remarcó la “grave falta de ética” de Bibiloni dado que el funcionario ya había asesorado a diversos municipios bonaerenses en cuestiones medioambientales.
Biscay indicó que “hay elementos para investigar más detenidamente” al funcionario K y no descartó presentar una denuncia ante la OA por “negociaciones incompatibles”.
Consultado respecto de la “actualidad” de la ley de ética pública, Biscay sostuvo que esa norma “mostró sus límites” y remarcó la necesidad de generar “nuevos mecanismos para las instituciones de control”. “Faltan políticas anticorrupción”, reflexionó.